“En cada oportunidad que tuvimos, advertimos que la ley que diseñó y promulgó el Ejecutivo provincial es, fue y será inconstitucional por donde se la mire”, señaló el diputado por Nuevo Encuentro, Marcelo Sain, tras conocerse la suspensión de la aplicación de la Ley 14.434. El bloque de Diputados de Nuevo Encuentro rechazó la aprobación de la norma a fines de noviembre de 2012, cuando el proyecto de ley redactado por el Ejecutivo fue tratado en la Legislatura, advirtiendo que la norma era violatoria de derechos y garantías constitucionales.

“Le recuerdo al Gobernador que la mal llamada ley de excarcelaciones es inconstitucional porque viola el principio de inocencia, según el cual ninguna persona puede ser considerada culpable sin que haya sido declarada su culpabilidad en un juicio justo. Además, el imputado de delito, debe transitar el proceso penal en libertad y sólo excepcionalmente puede ser privado de su libertad” explicó Sain, y resaltó que “eso es exactamente lo que desconoció esta reforma procesal”.

Además, el diputado de NE consideró que “la ley de denegación de excarcelaciones impulsa la ampliación de las facultades discrecionales y parajudiciales a la propia policía, quitándoles facultades a los jueces”.

“Si el gobernador Scioli quiere mejorar la gestión de la seguridad, debería comenzar por erradicar de la propia policía a los sectores que protegen y regulan la actividad criminal, porque allí hay una fuente de inseguridad concreta; tiene que impulsar una política pública de seguridad democrática, como es la gestión social de la seguridad y la intervención sobre las condiciones sociales que favorecen situaciones de violencia, y la comisión de delitos violentos”, detalló el legislador sabbatellista.

“Esta Ley contiene y expresa la evidente convicción de Scioli de que los problemas de inseguridad deberían resolverse con mano dura, aunque eso implique violar derechos constitucionales”, agregó el legislador sabbatellista. Sain insistió que esta ley, hoy suspendida por la Suprema Corte, se inscribe en el marco de las reformas al Código Procesal Penal iniciadas en 1999 que “no provocaron ningún avance en materia de seguridad y por el contrario generaron un aumento masivo de la prisionización y del hacinamiento en el sistema carcelario bonaerense”.