El órgano judicial actuó en alrededor de 500 casos que tuvieron como protagonistas a menores; el 72 por ciento de los cuales se encontraba institucionalizados, es decir, privados de su libertad y el 28 restante por presentar problemas de salud mental.
El Equipo Público de Abogados del Niño de la Ciudad de Buenos Aires cuya misión principal es promover la justa aplicación de la ley, la legalidad de los procedimientos y el respeto, la protección y la satisfacción de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes actuó en casi 500 casos en los que se violaron esa normativa.
Ello se conoció a través de un informe emitido desde ese organismo que integra el Poder Judicial porteño y que fuera creado por impulso de la Asesora General Tutelar de la Ciudad, Laura Musa.
“De esta manera se hizo realidad el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a ser oídos; a expresar su opinión libremente; a contar con asistencia jurídica y a defender sus derechos como titulares de los mismos. En definitiva, a ser considerados sujetos de derechos”, expresó Musa al presentar el reporte de gestión.
El Abogado del Niño, Niña o Adolescente opera como límite ante intervenciones discrecionales, garantizando el acceso a un debido proceso legal y, en consecuencia, a la plena restitución de sus derechos. En ese sentido cabe destacar que la intervención de este equipo de abogados se inicia por requerimiento directo de los interesados ya sea a partir de un aviso de la Asesoría General Tutelar sobre la existencia de nuevas institucionalizaciones o a partir de avisos de juzgados nacionales y porteños así como también de organismos de la sociedad civil.
Según el informe durante la primera etapa de su creación el organismo priorizó la atención de niños y niñas internados por causas de salud mental o que se encontraban institucionalizados, es decir en condiciones de internados en alguna institución pública no acorde con la edad.
De los casi 500 casos atendidos por el equipo público de profesionales durante 2012, 230 menores prosiguieron con el patrocinio gratuito de los abogados de “Niños, Niñas y Adolescentes”.
Al respecto el informe destaca que “Esto resulta un verdadero aporte si consideramos que a diciembre de 2011 eran solamente algunos pocos los niños institucionalizados que podían acceder a un abogado”.
En esa línea remarca que “en el 72% de los casos se trata de niños y niñas institucionalizados –privados de su libertad- a partir de una medida de separación familiar, mientras que en el restante 28% se trata de niños y niñas internados por motivos de salud mental”.
