Tras la suspensión de la aplicación de la polémica ley de excarcelaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la senadora María Isabel Gainza recordó que en diciembre pasado votó en contra de la norma por motivos similares a los esbozados por el máximo tribunal provincial: sus disposiciones resultan contrarias a los derechos y garantías reconocidos por la Constitución y los diversos tratados internacionales de rango consitucional.
Ante el pedido de una medida cautelar del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros organismos de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia, decidió aceptar la demanda y suspender los efectos de la ley 14.434, modificatoria del artículo 171 del Código Procesal Penal, hasta que se dicte sentencia definitiva por considerar “que sus disposiciones, prima facie, resultan contrarias a derechos y garantías reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y diversos tratados internacionales de rango constitucional”.
El fallo se basa en que la ley impulsada por el gobernador Daniel Scioli, al agravar las condiciones bajo las cuales los jueces pueden privar del derecho a la excarcelación a los imputados antes del dictado del fallo final de la causa, no se adecua a los estándares internacionales que han sido tenidos en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente “Verbitsky” para cuestionar el excesivo uso de la prisión preventiva en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, cuya Constitución, en el artículo 21, consagra como regla esencial que “podrá ser excarcelada o eximida de prisión, la persona que diere caución o fianza suficiente”.
La senadora provincial María Isabel Gainza ponderó la resolución del máximo tribunal y recordó que durante la sesión del 13 de diciembre en la Legislatura se opuso a la aprobación de la normativa. En aquella ocasión advirtió que con esta norma “estamos haciendo que el principio de igualdad, el principio de inocencia, el principio de retroactividad de la ley penal y el principio de la aplicación de la ley más benigna, a todos estos principios, los estamos dejando de lado. Estamos violando el artículo 21 de la Constitución, estamos violando los pactos consagrados por la Constitución Nacional. Sinceramente, me parece una pésima e inútil herramienta que lo único que va a hacer, es una vez más, llenar de jóvenes pobres y vulnerables las cárceles y el verdadero delincuente, los grandes delincuentes, van a seguir afuera”.
En este marco, Gainza remarcó que con la sanción de la ley se está cediendo la administración de justicia “porque es la policía de la provincia de Buenos Aires la que en estas situaciones va a decir que esta persona quiso eludir el procedimiento o que esta persona eludió el accionar policial, intentó fugarse. Entonces vamos a dejar en manos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, tan cuestionada por todos y también por nosotros los senadores de esta Cámara, que le digan al juez que esta persona no puede ser excarcelada porque simplemente intentó eludirlos. Por otra parte, esto significa que vamos a negar la excarcelación basándonos en hechos no probados judicialmente. Esto realmente es una barbaridad desde el punto de vista y el lugar de dónde se lo mire”.
Además, denunció que “en el último párrafo de este artículo 171 se establece una especie de reglamentación del artículo 189 apartado 2°, párrafo 8 del Código Penal que ya ha sido declarado inconstitucional en numerosos fallos. Tenemos por último el artículo 2° de este proyecto que establece la retroactividad de la Ley Penal. Creo que se han escrito ríos acerca de que la Ley Penal no es retroactiva sino y solamente en el caso de ser más benigna. Pero en este caso lo vamos a aplicar igualmente en el sentido estrictamente contrario de lo que es un principio establecido y ya vigente por años”.
