En la estrategia paso a paso, el Gobierno ha ido invadiendo todas las esferas de la vida pública, social e institucional de la Argentina. Por eso afirmamos que tiene razón cuando dice que no quiere reformar la Constitución, directamente quiere anularla
Ahora, después de los medios de comunicación, pretende el dominio total del parlamento y la politización extrema de todos los organismos estatales desplazando carrera y profesionalismo. Ahora le toca el turno a la Justicia.

La Corte Suprema independiente nació cuando el gobierno sentía que debía legitimarse frente al 22 % de los votos. Hoy está claro que el cambio de la Corte Suprema fue sólo una estratagema de poder circunstancial. Hoy, en la estrategia de la politización y kirchnerización de toda institución, una Corte con alas propias no le es más funcional.

Emilio Gentile en ” Los riesgos de la democracia. Fascismo y neofascismo habla de: “…la aspiración a conquistar el monopolio del poder político con el declarado propósito de destruir el Estado liberal y llevar a cabo un proyecto inédito de organización de la sociedad y del Estado”.

Esta descripción es el camino que recorre el kirchnerismo: modelar el Estado en sus tres poderes, cambiar la esencia de un modelo de organización con controles, balances, contra poderes, para absorber todo el poder en un esquema coercitivo sobre la sociedad y las instituciones que deviene de una autoproclama de representación de la ” patria”.

En este marco, ahora le toca a la Justicia y ordena desestructurarla como poder independiente.

Los proyectos a presentar tienen como objetivo la construcción del monopolio del poder que implica como primer requisito la homogeneización de la sociedad y las instituciones representadas en el Estado, anulando el pluralismo. Es un modelo de politización total. Todos están ubicados en uno u otro campo, medios, empresarios, trabajadores e instituciones. Todos deben hacer pública su ideología, nadie está fuera de esta guerra.

¿El voto popular para la elección del Consejo de la Magistratura que significa?

El Kirchnerismo ha desarrollado una larga estrategia para dominar el nombramiento de Jueces con el objetivo de que respondan directamente al “modelo”.
El primer paso lo dieron controlando el mismo a través del cambio de miembros. Pasó de 20 a 13 y así se garantizaron el poder de veto.
El segundo paso es el anunciado ayer por la Presidenta de la Nación. Imagínense los candidatos Jueces, abogados, científicos, haciendo campaña para el Consejo de la Magistratura. El aparato político detrás, los Gobernadores, Intendentes, “punteros” movilizando a la sociedad para que vote a los Consejeros. Este objetivo atenta contra la naturaleza del Poder Judicial.

El poder judicial no legisla, ni ejecuta, solo tiene el rol de aplicar e interpretar el marco normativo sancionado por los otros poderes. Democratizar la justicia no es politizar la justicia; ¿qué dirá un aspirante a consejero? , ¿seleccionaré a jueces que piensen de tal forma? ¿Echaré a lo que piensen de tal otra?; es una medida que tiende a ideologizarla, a sacarla del marco de objetividad, de aplicación de la ley y cambiar su marco interpretativo de los principios generales del derecho a los caprichos y obsesiones del Poder Ejecutivo y a la representación de un proyecto político que quiere ubicarse por encima de la ley.

Aquellos que concursen ya sabrán que si no responden fiel y ciegamente al Ejecutivo serán dejados de lado. La idoneidad, la capacidad técnica, el conocimiento jurídico será reemplazada por la cercanía política y el juramento de lealtad al proyecto.
A su vez, el próximo paso será quitarle a la Corte Suprema el manejo presupuestario para colocarlo en el Consejo de la Magistratura y condicionar al máximo tribunal.

REGLAMENTACIÓN LEGAL DE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL ESTADO

Es falaz lo que dijo la Presidente de que “las medidas cautelares por temas patrimoniales contra el Estado Nacional no tienen sentido porque el Estado jamás será insolvente”.

Las medidas cautelares se dictan para evitar daños que puedan ser irreparables y tiene dos elementos esenciales que deben acreditarse para que se otorgue verosimilitud en el derecho y peligro en la demora del dictado de la misma.
Hay situaciones en que producido un daño en un reclamo que pueda tener carácter patrimonial, aunque no excluyentemente sobre esa materia, el continuar con un proceder pueda llevar a una situación donde la reparación ulterior no pueda realizarse solamente con dinero, por lo cual las medidas cautelares que tienen los particulares contra el Estado Nacional ya sea en materia patrimonial como en cualquier otra materia presentadas a través del proceso judicial que corresponda, son una medida absolutamente válida y razonable para proteger a los particulares del abuso que puedan generar leyes o reglamentaciones, sea quien sea quien detente la conducción del Poder del Estado. Legislar restrictivamente, sin corregir derechos vulnerados generará la pérdida de esos derechos, para jubilados, FFAA, Policiales, remuneraciones mal liquidadas y todas las materias que han generado un uso masivo de este recurso.

CREACION DE CAMARAS DE CASACIÓN.
Las Cámaras de Casación tienen por función principal dictar sentencias que fijen la interpretación legal obligatoria de normas jurídicas concretas, y en principio quedan fuera de dicho concepto las cuestiones de hecho.
En la actualidad, fuera de la Cámara de Casación Penal no existe un tribunal especializado con esa competencia de casación para el resto de los fueros; sin embargo, esa función unificadora de interpretación jurídica está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el denominado Recurso de Inaplicabilidad de Ley, aunque su ámbito de aplicación es limitado en razón de los tecnicismos a que se encuentra sujeto.
¿Cuál es la peligrosidad de crear estos tribunales intermedios? La respuesta como siempre radica en lo que se pretenda hacer con esos tribunales, ya que producirán los siguientes efectos:

introducirán una nueva instancia que para algunos casos podrá ser definitiva;
como son tribunales que deben ser creados se buscará que sus miembros respondan al kirchnerismo, máxime si su creación se efectúa después de la modificación del Consejo de la Magistratura;
las decisiones de dichos tribunales son obligatorias para las instancias inferiores, por lo que la mesura en los criterios que utilice será fundamental;
Entendemos que lo que se pretende es neutralizar a las cámaras de apelación que no han logrado controlar, como la federal de la seguridad social, que no ha dejado de reconocer los derechos a los reajustes o la civil y comercial que ha reconocido el derecho a la aplicación de la tasa activa para determinadas deudas.

PUBLICIDAD DE LA DECLARACIONES JURADAS DE LOS MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS.
Magistrados y funcionarios durante los meses de mayo/junio, todos los años, deben efectuar su respectiva declaración jurada y dar la novedad de las modificaciones que haya habido en el ejercicio anual.
Tal como sucede en los otros Poderes del Estado, coincidimos en la publicidad de las mismas, guardando, como sucede con las DDJJ del Poder Legislativo y Ejecutivo, la información sensible que puede involucrar cuestiones de seguridad.
En este caso, esta reglamentación la deberá plantear la misma Justicia, mientras el Parlamento deberá votar una ley de acceso a la información pública que el oficialismo se niega sistemáticamente a hacerlo. Pide a los demás lo que ellos mismos no realizan. Es un modelo policial, esto es…..yo controlo al que me debe controlar…..

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Impuesto a las ganancias para los jueces
Respecto a la aplicación del impuesto a las ganancias a los jueces, ya nos hemos pronunciado, estaríamos dispuestos a acompañar esa medida siempre y cuando, previamente, el Congreso Nacional retome la facultad de legislar en materia tributaria y sea quien establezca el mínimo no imponible respecto al impuesto a las ganancias. Esta potestad no puede ser antojadiza del Poder Ejecutivo, menos aún si el mismo impuesto se les grava a los funcionarios del Poder Judicial porque podría convertirse en una herramienta disciplinadora.

En síntesis la reforma judicial es un nuevo avance de un súper poder Ejecutivo que tiende a transformar el lugar que la Constitución le da. Quiere dejar de ser controlado, para controlar. Es un Ejecutivo gendarme que quiere imponer una ideología dominante a la sociedad y a las instituciones.

Será nuestra responsabilidad como legisladores intentar convencer y transformar la mayoría automática que tiene el gobierno, hoy en el Congreso y en octubre en las elecciones, para qué esta “militarización de la política” expresada en intentar contar con soldados de la causa en todos los estamentos de la sociedad no se convierta en realidad.

La libertad no la podemos negociar, y el Gobierno día a día busca restringirla hasta convertir a los ciudadanos en rehenes. Pasar a la apropiación del Estado a la apropiación del ciudadano.