El “vamos por todo” llegó a la Justicia. Bajo el discurso de una urgente democratización, el oficialismo oculta sus verdaderas intenciones: disciplinar al Poder Judicial para que le dé garantías.

¿Quién puede oponerse a una democratización de la Justicia?. Nadie, siempre y cuando entendamos qué significa la democratización. Nosotros venimos insistiendo en que nos aprontamos a cumplir 160 años sin reglamentar el mandato constitucional de instaurar el juicio por jurados. Democratizar la justicia implica darle, por ejemplo, mayor poder a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre aquellos casos donde se ponen en juego las normas fundamentales de nuestra convivencia pacífica y la credibilidad misma en las instituciones. Sin embargo, la “democratización” que pretende el Poder Ejecutivo es de otro orden y está relacionada con la necesidad de controlar a la Justicia.

En un intento por democratizar verdaderamente a la Justicia, en 2010, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que proponía modificar el Consejo de la Magistratura para que pudiera lograr mayor independencia del poder político. Sin embargo, el Senado con mayoría oficialista impidió la aprobación del proyecto evitando así que el Gobierno perdiera la mayoría en el órgano que le permite, desde 2006, nombrar y sancionar jueces sin necesidad de buscar consensos.

Es curioso que las críticas del Gobierno al funcionamiento de la Justicia olviden que más de la mitad de los jueces que están en actividad fueron nombrados por el kirchnerismo y que hay cientos de vacantes en la Justicia Nacional y Federal que esperan designación. En sintonía con esto, en reiteradas oportunidades advertimos sobre la necesidad de dotar al Poder Judicial no sólo de independencia sino además de autonomía presupuestaria. Eso también sería democratizar la justicia. Pues si hay autonomía administrativa entonces están dadas las garantías para los jueces ejerzan sus funciones de manera independiente.

El Gobierno busca que el Poder Judicial le sea dócil y para ello propone una politización de la Justicia que se opone a la máxima republicana de la división de los poderes de Estado. Por tanto, el debate que debe darse es cómo hacemos para fortalecer a la Justicia para que alcance, de esa manera, su máxima independencia.