En la última semana nos sorprendieron las noticias que confirmaron el espionaje ilegal conocido como Proyecto X, que la Gendarmería Nacional desarrolló en los últimos años sobre dirigentes sociales, violando las leyes de Seguridad Interior y de Defensa Nacional.
Las revelaciones surgieron de los discos rígidos secuestrados por la Justicia, pertenecientes al Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo. Pericias informáticas realizadas sobre computadoras de la Gendarmería Nacional comprobaron el espionaje directo a dirigentes políticos, gremiales y sociales, referentes de todas las villas y barrios de emergencia, activistas ambientales y a integrantes de pueblos originarios.

Estuvieron bajo observación distintos organismos de derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entidades del campo como la Mesa de Enlace, CRA, FAA, SRA y CONINAGRO, cientos de gremios, entre ellos el SMATA, ATE, Ceramistas, personal de SENASA, Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Docentes de la CONADU, y hasta familiares de la tragedia de Cromagnon. Todos ellos fueron espiados entre 2004 y 2012.

Cuando estalló el escándalo en febrero de 2012, la Ministra Nilda Garré, señaló que el Proyecto X era para inteligencia criminal de delitos complejos y actuando siempre como “auxiliar de la Justicia”. Pero las pruebas en manos del Juez Sebastián Casanello, demuestran que la Gendarmería Nacional realizó tareas de inteligencia violando la legislación vigente.

Los argumentos de la Ministra de Seguridad quedan desmentidos por la realidad de las pruebas recogidas en la causa judicial, ya que de ningún informe puede inferirse que todos esos dirigentes hayan sido investigados por cometer algún delito o que haya existido orden de un Juez para llevar a cabo sobre ellos tareas de inteligencia.

Estamos en presencia de un proyecto ilegal de vigilancia y persecución de dirigentes, supuestamente enfrentados al poder. Es una clara demostración que el gobierno nacional avanza hacia la criminalización de la protesta social y que una fuerza de seguridad como la Gendarmería Nacional, está siendo utilizada para “armar” causas contra dirigentes gremiales y referentes políticos y sociales.

Por ello, salimos a reclamar explicaciones en el Congreso de la Nación y en todos los ámbitos del debate público, redes sociales y medios de comunicación, sobre este plan de espionaje contra sectores críticos al gobierno nacional, que es una verdadera vergüenza para la democracia.

El llamado “Proyecto X”, de espionaje a referentes gremiales y sociales, nos recuerda las peores épocas vividas en nuestro país, los años crueles en que los argentinos debimos padecer la falta de libertad y seguridad, por una sistemática violación de nuestras garantías democráticas y de los derechos humanos fundamentales.

Se trata de un episodio tan inadmisible como impensado de nuestra vida democrática, al cumplirse 30 años de la recuperación de las instituciones y el estado de Derecho, que rechazamos categóricamente.

Estos hechos comprobados nos imponen ahora la necesidad de determinar las responsabilidades de quienes ordenaron obtener información personal, de dirigentes y militantes sociales, con evidentes objetivos persecutorios, en un accionar absolutamente ilegal y antidemocrático.

Debo repetir ahora, lo que advertía poco tiempo atrás, cuando propuse derogar la Ley Antiterrorista N° 26734, sancionada en Diciembre de 2011, con la aparente finalidad de reforzar la capacidad estatal de reprimir actos de terrorismo:

Seguramente el Poder Ejecutivo necesita este tipo de controles para imponer nuevas formas de disciplinamiento social y de represión política, por las exigencias de un modelo económico y social que muestra evidentes signos de agotamiento.