Alertan sobre una maniobra para garantizar la impunidad en la causa Ciccone

“El Gobierno nacional busca garantizar la impunidad de los funcionarios involucrados en la Causa Ciccone Calcográfica”, advirtió la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich.

La diputada nacional Patricia Bullrich criticó el decreto firmado por el Gobierno nacional que designa a la AFIP como sujeto expropiante de la Compañía de Valores Sudamericana SA, ex Ciccone Calcográfica.

La legisladora de Unión por Todos declaró al respecto que “el decreto publicado en el Boletín Oficial el día de hoy, no es un dato menor, ya que la AFIP y sus funcionarios son uno de los órganos involucrados en la causa que investiga por una parte la adquisición de la empresa por parte de Alejandro Vandenbroele y la participación y responsabilidad del Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou”.

“Recordemos que el rol de la AFIP en la quiebra de la exCiccone y en la adjudicación de la misma por parte de la Compañía de Valores Sudamericana SA, consistió según las investigaciones y constancias de la Justicia Comercial, en pedir en primer término la quiebra de Ciccone, la cual en principio fue alquilada por la empresa Boldt, hasta que llamativamente la AFIP solicitó el levantamiento de la quiebra que había solicitado”, continuó la diputada.

“Además, con la intervención del Ministerio de Economía por ese entonces a cargo de Amado Boudou, la AFIP concedió a Ciccone una moratoria con mas cuotas que las 120 previstas, (148 en total) y con un interés irrisorio del 0,5%, monto menor aún que la inflación oficial admitida por el Gobierno”, indicó la diputada y agregó que “es preocupante que el decreto ponga como sujeto expropiante a un organismo cuya actuación en lo referente a esta empresa se encuentra investigada por la Justicia Penal”.

Según Bullrich, “no es el único caso, ya que en el Artículo 2 se otorga, hasta tanto se complete el procedimiento expropiatorio, el uso de los bienes de la Compañía de Valores Sudamericana SA, incluyendo el inmueble en que se asienta su planta, a la Sociedad del Estado Casa de Moneda, la cual también es parte de la investigación que lleva a cabo la Justicia, a fines de 2011 y principios de 2012, ya con Boudou ejerciendo el cargo de Vicepresidente de la Nación, la Casa de Moneda, a cargo de Katya D’Aura, una funcionaria cercana a Boudou, le recomendó al Banco Central que habilite a Ciccone para que pueda imprimir la mitad de la provisión de los billetes de cien pesos que se pondrán en circulación este año, dicho negocio consistía en la impresión de 600 millones de billetes por un costo de 50 millones de dólares”.

Por otro lado, Bullrich señaló que “resulta claro que el objetivo del Gobierno tanto con este decreto, como en el momento en que se sancionó la ley que da lugar al mismo, es entorpecer la investigación judicial que lleva a cabo la Justicia Penal; al punto tal de casi desconocer la misma, que en el artículo 10 dispone hacer saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8, en donde tramitara la quiebra de la ex Ciccone, el contenido del presente decreto, pero no hace lo mismo respecto a la Juzgado Criminal en lo Correccional Federal a cargo del Juez Ariel Lijo en el que tramita la investigación Penal”.

“Por todo esto es que la ciudadanía debe saber que los objetivos perseguidos con la Ley Nº 26.761, mediante la cual se declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana SA, como los de el decreto 252/2013 publicado hoy en el Boletín Oficial es el de garantizar la impunidad de los funcionarios involucrados en la Causa de Ciccone Calcográfica”, finalizó diciendo Bullrich.

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