“El pedido de la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó para impulsar a la Corte Suprema a discutir en conjunto la posible implementación del pago del impuesto a las ganancias de jueces y fiscales determinó una indicación expresa del tribunal para que la Procuradora disponga ella misma la retención del impuesto a los dependientes del Ministerio Público Fiscal a su cargo”, aseguró el titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra.

Para el legislador y ex camarista de los juicios contra las juntas militares del Proceso, “la decisión dejó en claro que la doctora Gils Carbó no tiene más obstáculo para pagar ganancias y ordenar retener ganancias a los fiscales que su propia voluntad de cumplir con la ley. En razón de esta contundente definición de nuestro más alto Tribunal, por cierto, la AFIP también debería comenzar a requerir de inmediato el pago del tributo a los fiscales”.

Agregó Gil Lavedra que “la procuradora pretendía equiparar su situación tributaria y la de los fiscales y los defensores a la de los propios jueces, sobre la base del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que reconoce que los beneficios y jerarquía obtenidos en el poder judicial o el ministerio público fiscal se conservan. Decía que por ello era de aplicación a los fiscales la Acordada 20/96 que excluyó a los jueces del pago de ganancias”.

Gil Lavedra remarcó también que “la Corte, en cambio, estableció, a mi juicio correctamente, que los fiscales y defensores no se encuentran amparados por la Acordada 20/96, pues son órganos independientes y autónomos, por mandato constitucional. La Corte, además, aclaró razonablemente que la equiparación de jerarquía y beneficios está acotada al ascenso en la carrera, el mantenimiento de la obra social y cuestiones similares, pero que en modo alguno extiende la protección constitucional de la independencia judicial a los fiscales”.

“La Corte, en definitiva –continuó-, ha dado un gran paso en dos direcciones que deben valorarse. Por un lado, encauzó de una vez una propuesta incierta de la Procuradora que lucía como continuismo voluntarioso del discurso presidencial. La Corte le puso un oportuno coto a la mímica. Los fiscales deben pagar ganancias, Gils Carbó debería hacerlo efectivo y no hace falta discutir nada más a ese respecto. Quedó jalonado, así, un valioso camino de reflexión en torno a la equidad tributaria que la Corte viene transitando hace tiempo”.

“Por otro lado, la respuesta de la Corte es también altamente saludable como lección en torno a la debida autonomía y la independencia de los órganos judiciales y de los ministerios públicos. El tribunal dejó en claro el valor de la independencia judicial y del respeto a sus propios límites. Por ello, rechazó la invitación de actuar en conjunto, o corporativamente, como se estila decir ahora, y en cambio le recordó a la Procuradora que ser independiente exige, precisamente, asumir como propias los deberes que la Constitución y las leyes les exige a cada uno, y cargar con sus consecuencias. Ojalá sea un primer hacia una mayor equidad fiscal y hacia un mayor compromiso con el respeto a la ley”, finalizó Gil Lavedra.