Fuerte defensa parar avanzar con la ley que declara servicio público a la telefonía celular

Así se expresó en el marco de la audiencia pública celebrada en el Senado, de la que participaron legisladores, especialistas y representantes de ONGs.

El senador socialista Rubén Giustiniani defendió la aprobación de una ley que declare Servicio Público la telefonía celular “para revertir la situación de desprotección que sufre el usuario; para que quienes usan celular tengan derechos y las empresas tengan deberes y para que se garanticen tarifas justas y razonables”. Así se expresó durante la audiencia pública que se realizó en el Senado de la Nación este miércoles.

La actividad que se llevó a cabo en el 5to piso del edificio anexo “Alfredo Palacios” del Senado de la Nación, contó con la participación de legisladores nacionales, especialistas en telecomunicaciones y representantes de ONGs. No se presentaron las empresas, ni funcionarios del Gobierno que habían sido convocados.

“No existe una explicación que dé respuesta a los aumentos en las tarifas, a la falta de inversiones y al incumplimiento constante por parte de las empresas, por lo que se hace incomprensible que no se pueda avanza con esta iniciativa que habilita al Estado a controlar con el cumplimiento de un servicio que usan todos los sectores sociales”, sostuvo el senador socialista

“Es inconcebible que no se declare servicio público a la telefonía celular que hoy es necesario para que los sectores con menores ingresos pagan una tarifa más baja”, remarcó.

Expusieron, después de Rubén Giustiniani los senadores nacionales del radicalismo Eugenio Artaza y Arturo Vera, del FAP María Eugenia Estenssoro, el diputado nacional CC-ARI Carlos Comi y del PS Héctor Polino (MC) titular de la Asociación de Consumidores Libres, Ariel Caplan, especialista en telecomunicaciones y Derecho del consumidor, el ex Secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar y representantes de ONGs.

Giustiniani es autor de una iniciativa que declara “servicio público” al servicio de telefonía celular, con el fin de proteger adecuadamente los derechos de los usuarios, y asegurar la fijación de tarifas máximas que resulten justas y razonables en relación con el servicio prestado, y teniendo en cuenta el costo de la prestación y el derecho de las empresas a una utilidad razonable similar a la obtenida internacionalmente por tales servicios la adecuada calidad de los servicios prestados y la seguridad del usuario en su utilización

El proyecto prevé la Creación de un Ente Regular de Telefonía Móvil como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con autarquía, y los miembros del Directorio serán elegidos por concurso público de antecedentes.

“Desde consumidores libres estamos de acuerdo con el proyecto que declara servicio público la telefonía celular, particularmente en relación al órgano de control que nos parece perfecto. Ojalá esto pudiera salir aprobado rápidamente por este Congreso ya que estamos frente a grandes empresas que han tenido ganancias escandalosas a lo largo de estos años. El órgano de control hace 21 años que está intervenido, lo que significa una verdadera vergüenza. Hoy las empresas hacen lo que se les ocurre, nunca pagan las multas que se les aplican”, expresó durante su exposición Héctor Polino, de Consumidores Libres.

Por su parte, el diputado nacional Carlos Comi señaló que “la telefonía celular es un servicio mucho más universal que la telefonía básica y más transversal. Hoy es la única conexión con la modernidad de un ciudadano humilde, quien tiene un celular, porque ese es un rasgo de ciudadanía. No hay razones reales para no sumar la telefonía celular como Servicio Público”.

“Compartimos con Giustiniani esta idea, no hay ningún control para controlar lo que cobran las empresas, todo es un nicho fabuloso donde se obtienen grandes rentabilidades. Por eso reclamos que sea el Estado el que controle y regule las empresas”, agregó el diputado santafesino.

A su turno, la senadora María Eugenia Estenssoro consideró que “este es un tema que hemos tratado de poner en la agenda política pero hay un cepo importante. Además del ánimo de lucro de las empresas hay un pacto entre el gobierno y las empresas, como lo hubo con Repsol, con los Cirigliano, y en este caso el ejemplo más patético es el de telefónica de España. Esta empresa viola la vieja y la actual normativa legal y hoy es el multimedio más grande del país”.

Agregó la senadora que “la telefonía es un servicio público y esencial pero cuenta con una infraestructura que se deteriora rápidamente porque no han invertido y el mayor perjudicado es el usuario. En la actualidad en la oficina de Defensa al Consumidor el 52% de las quejas corresponde a reclamos de celulares: baja señal, el 3g no funciona, llamadas que se cortan, mensajes de texto que no llegan a destino. Contestan pero no se escuchan, llaman a otro usuario, entre otros reclamos”.

El senador entrerriano Arturo Vera consideró “necesario buscar consenso para sacar esta ley. Es necesario instalar este tema en la opinión pública. Tenemos que hacer la mayor cantidad de ruido posible”.

“Rechazo el pago anticipado de la telefonía por tarjeta. Y no acuerdo con la venta de este servicio sin garantía porque esto es un disparate, hay que ponerle fin a esta Argentina de los disparates como estos. Evidentemente en el gobierno son cómplices de estas maniobra, ya que es impensable que nadie se dé cuenta que esto está mal”, agregó.

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