El diputado nacional por Mendoza y presidente del bloque Frente Peronista, Enrique Thomas, presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que, a través de los órganos competentes, “realice e informe con carácter urgente, los actos útiles que permitan otorgar continuidad al proyecto minero Potasio Río Colorado, en la provincia de Mendoza”.

En este sentido, pidió que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray; el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino; y a la Ministra de Industria, Débora Giorgi, informen en la Cámara de Diputados sobre las causas de la suspensión del proyecto minero.

“Nuestro objeto y compromiso está guiado por la urgencia de recuperar de forma inmediata un proyecto productivo de gran dimensión, que posiciona a la producción nacional en el contexto regional e internacional. A ello debemos agregar que miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, dependen de la continuidad del proyecto minero”, se expresa en los fundamentos del texto ingresado bajo el expediente 769 – D – 2013.

Asimismo, expresa que con la clausura del proyecto se encuentran en “riesgo de virtual desaparición más de 4000 fuentes de trabajo” sobre todo “en la localidad de Malargüe, por su situación geográfica, ha dependido a lo largo de su breve historia de emprendimientos económicos no diversificados y de difícil reconversión de sus actividades productivas”.

Thomas responsabilizó al Gobierno nacional por la paralización del proyecto minero al enfatizar que “resulta inexplicable que entonces lo que estaba destinado a ser una de las mayores inversiones en la historia del país termine sin rumbo y en un práctico estado de abandono”. Y agregó: “Estamos ante una catástrofe económica que afecta, en primera instancia, al empleo de los trabajadores mendocinos, es decir, a miles de argentinos que quedarán desamparados”.

En tanto, el legislador mendocino argumentó que el problema en Potasio Río Colorado ha sido causa de “la distorsión de la economía por parte de la administración nacional al alterar los indicadores micro y macroeconómicos”. Al respecto explicó que esa situación “lleva a un desfasaje tal entre la economía real y la economía estadísticamente oficial que termina infringiendo un daño enorme y a veces irreparable en la economía nacional y en el bienestar de los trabajadores argentinos, tal como está ocurriendo” en el proyecto minero.

Por esas razones, Thomas hizo hincapié en que es “el Gobierno nacional, a través de los ministerios competentes, quien debe responder por estos índices y aclarar fehacientemente los hechos o circunstancias que han llevado al actual estado de situación” y pidió en consecuencia que se tomen las mediadas necesarias para una solución inmediata del problema.