Etica pública en la gatera

En el Senado bonaerense buscan avanzar en la elaboración de un proyecto de ley sobre un régimen de la ética en el ejercicio de la función pública.

Se trata de un viejo anhelo de varios legisladores que han transitado por los estamentos del Parlamento provincial. Pero la cuestión cobró notoriedad a partir del “reclamo” que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, realizara en la última Asamblea Legislativa. Antes el tema se había instalado por la polémica que protagonizó CFK y el popular actor Ricardo Darín.

El régimen de presentación de declaraciones juradas de funcionarios públicos en la provincia de Buenos Aires es un decreto de la dictadura militar. El decreto Ley 9.624 publicada en el Boletín Oficial del 11 de noviembre de 1980, vigente a la fecha. Ello había surgido a través de lo actuado en el expediente Nº 2.200-1.088.980 y de las disposiciones de facto, decreto 877/80, como así por el ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Junta Militar, derogando en su artículo 8º la Ley 5.874, los decretos 8.367/58; 11.794/64; 4.26l/69 y a toda otra disposición que se opusiera a ella, bajo la premisa de limitar la obligatoriedad de tal presentación a determinados funcionarios.

Legisladores, en su mayoría pertenecientes a la oposición, han intentado en varias ocasiones cambiar la legislación con poca suerte; algunas bancadas, incluso, ya no presentan más proyectos en este sentido luego de haberlos presentados por años. Los planteos alternativos que buscaban un real cambio, en ocasiones, fueron considerados pero derivaron en pequeños avances que no implican un cambio de fondo.

La última modificación a la ley se concretó en 1990, cuando se agregó la posibilidad de cualquier ciudadano pida las declaraciones a la Escribanía General de Gobierno, siempre y cuando los solicitantes “acrediten interés legítimo para ellos o la existencia de un interés público comprometido”.

En la actualidad existen proyectos para modificar la legislación al respecto. El diputado de la CC-ARI Walter Martello y el senador del GEN-FAP Ricardo Vázquez, presentaron proyectos actualizados que no han encontrados resultados concretos. En consecuencias, no hay registro público de la declaración patrimonial, por caso, del gobernador Daniel Scioli.

El pasado año, senadores del oficialismo y de la oposición lograron alcanzar un acuerdo parlamentario, conformando una suerte de “agenda legislativa”, para abordar en sesiones ordinarias. La agenda se desplegó en el alto cuerpo pero con la sola excepción del proyecto de ley sobre ética pública de Vázquez. El proyecto perdió estado parlamentario el 1 de marzo.

Ahora, en el arranque del año, es la propia presidenta de la bancada de FpV-PJ, la senadora peronista Cristina Fiaramonti, la que esbozó un ante proyecto para consensuar una iniciativa con la participación de todos los bloques.

En ese boceto se consigna que la normativa establecerá el régimen de la ética en el ejercicio de la función pública en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Además, se detalla, que será de aplicación a los funcionarios que en forma permanente o temporaria presten servicios remunerados y en relación de dependencia en cualquiera de los Poderes Públicos del Estado provincial o municipal, entidades descentralizadas, entes autárquicos, organismos de control, empresas Estatales o con participación Estatal mayoritaria y fondos fiduciarios, sea que accedieren al cargo por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal.

La idea que persiste en los senadores es que los funcionarios deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral, “dentro de los treinta días hábiles desde la asunción en el cargo y deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo”.

Se pretende, también, crear, en el ámbito de la Legislatura, el “Tribunal Social de Responsabilidad Política”, de acuerdo con las previsiones del artículo 3º de la Constitución bonaerense, que actuará con independencia en los criterios, pautas y definiciones de sus actos.

No pasó desapercibida esta idea de reflotar esta institución fruto del acuerdo alcanzado entre Aldo Rico y Eduardo Duhalde en el contexto de la última Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires. El tribunal fue una imposición del ex carapintada que Duhalde se las ingenió, durante varios años, para incumplir.

El Tribunal Social de Responsabilidad Política, tomará intervención de oficio o por denuncia de particulares, tanto de personas físicas o jurídicas, agentes o funcionarios públicos, en aquellos casos en los que se impute la posible comisión de actos de corrupción por parte de los sujetos alcanzados por la presente ley.

Concluida la instrucción, elaborará un Informe Final que pondrá en conocimiento del superior jerárquico de la persona denunciada las conclusiones a las que ha arribado, con el objeto de que éste adopte las medidas que pudieren corresponder y eventualmente deberá radicar la denuncia penal pertinente.

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