Ricardo Gil Lavedra declaró que “hace sólo cuatro días, el Gobierno difundió una carta de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Interpol, que aseguraba el Memorándum de Entendimiento suscripto con Irán no cambiará el estatus de las notificaciones rojas que pesan en cabeza de cuatro oficiales iraníes imputados en la causa por la AMIA, postura sostenida por el gobierno argentino. Sin embargo, hoy el gobierno iraní, a través del canciller Salehi, ha manifestado públicamente en su país que, basándose en el mismo acuerdo suscripto, la Interpol debe hacer cesar esas notificaciones rojas”.

“Esto no es en absoluto una sorpresa, sino una consecuencia directa de algo que había sido ya apuntado e incluso denunciado apenas se conoció el texto del Memorándum, durante el debate del mismo en ambas cámaras del Congreso, e incluso se siguió sosteniendo luego. No fuimos pocos los que avisamos que las intenciones de Irán iban en este sentido, y que uno de sus objetivos era tener un instrumento que les permitiera quitar las notificaciones rojas en cabeza de quienes consideran inocentes e injustamente acusados. Se nos dio por puntillosos, por nefastos, por quejosos, y se dio un tratamiento exprés e irreflexivo al acuerdo. He aquí las consecuencias”, agregó el presidente de la bancada radical de Diputados.

Para el presidente del bloque radical, “esta divergencia de interpretaciones puestas a la luz muestra que el pretendido entendimiento entre los dos países, en realidad, no ha sido tal. Plantea además una situación muy delicada frente a la divergencia, que puede terminar en que Irán (o los propios acusados) plantee un pedido de revisión de las notificaciones ante la Interpol, buscando que la Asamblea General del organismo dé marcha atrás con las declaraciones emitidas. La última vez que esto ocurrió fue en 2005, y la Argentina perdió la vigencia de las notificaciones”.

“Hay que recordar que la Interpol es sólo un organismo internacional de coordinación de información, que se limita exclusivamente a trasmitir a sus miembros que uno de los países ha emitido una orden de arresto contra una persona. No tiene más facultad que esa, como tampoco la tiene para opinar sobre la decisión política o jurídica de ninguno de los países miembros, tal como opinó recientemente (a través de la carta difundida por Timerman) que el Memorándum era un avance positivo para la causa judicial”, agregó.

“La declaración del canciller de Irán pone al descubierto que el régimen iraní no está interesado en encontrar la verdad acerca de la causa AMIA y sólo está buscando la impunidad de los sospechosos a los que ya declaró inocentes”, concluyó Gil Lavedra.