Impulsan comisión investigadora del IOMA

El presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica-ARI presentó un proyecto para crear una comisión investigadora en la Legislatura bonaerense para examinar las irregularidades denunciadas contra la obra social del Estado.

Un proyecto promovido por el diputado bonaerense de la CC Walter Martello tiene como objetivo indagar sobre cómo se utilizan los $8.100 millones asignados a la obra social, la demora en la entrega de los medicamentos de alto costo y el negocio de las tercerizaciones.

La iniciativa surge tras las denuncias que vienen realizando profesionales y numerosos afiliados de la obra social, afectados por las constantes demoras en la entrega de medicamentos de alto costo (drogas oncológicas, remedios para HIV, insulina, etc.).

“El presupuesto de la obra social fue uno de los que más creció en la administración pública bonaerense, desde que Scioli asumió como gobernador. Pero la calidad de las prestaciones viene en caída libre. De ahí que exista la sospecha de que una parte de estos recursos se deriva a financiar la política”, afirmó Martello.

Según se consigna en el comunicado, desde 2008 a 2013, el presupuesto asignado al IOMA aumentó casi 300%, mientras que la variación interanual 2012-2013 dio como resultado un incremento de casi 32% (de $6139 millones a $8.102 millones), por encima de la inflación real. Ahora bien, según Martello, los incrementos de los ingresos estuvieron acompañados por la eliminación de mecanismos de control interno, mediante tercerizaciones de distinto tipo.

El legislador puso como ejemplo que el año pasado, los proveedores de prótesis y los responsables de las clínicas privadas que trabajan para el IOMA comenzaron a firmar un convenio muy controvertido, habilitando a una serie de firmas y entidades intermediarias para que se queden con el 6% del valor de cada implante o prestación. El convenio estipula que ese dinero es para tareas de administración, auditoría y control, cuando esa función debería estar siendo realizada por profesionales del organismo.

“Este esquema de tercerizaciones también viene aplicándose, desde hace años, con el suministro de drogas de alto costo (HIV, oncológicas, insulina, etc.), que forman parte del Plan Meppes. Allí interviene la gerenciadora Farmalink, un emprendimiento empresarial que actualmente gestiona los dos convenios más grandes de la seguridad social de la Argentina, IOMA y PAMI, en representación de los laboratorios nacionales y multinacionales que componen la industria farmacéutica del país. De esta empresa también depende el Centro de Autorizaciones de Medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales (Camoyte).”, explicó Martello.

Precisamente, las principales demoras en la entrega de medicamentos se registran en el Plan Meppes, un convenio que actualmente insume más del 50% del gasto total en remedios ambulatorios que realiza la obra social. “Farmalink y el Camoyte asumieron, en gran parte, el rol que antes cumplían los farmacéuticos. El fracaso de este modelo y de la gerenciadora es total. La falta de medicamentos está poniendo en riesgo los tratamientos y la vida de los pacientes”, concluyó el legislador provincial.

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