Según un proyecto de Recalde, el empleador debería pagar una indemnización equivalente a un año de remuneraciones en caso de despedir a un empleado que participe como testigo de un juicio laboral. Otra iniciativa busca evitar los recortes salariales que se efectúan por medio de las prestaciones complementarias.
La actividad de la Cámara de Diputados resultó perjudicada por el viaje de sus autoridades al Vaticano para la ceremonia de asunción del papa Francisco. No obstante, el diputado kirchnerista Héctor Recalde logró reunir a la Comisión de Legislación del Trabajo para avanzar con el tratamiento de tres proyectos de ley avalados por diversos bloques políticos.
Por un lado los legisladores despacharon un proyecto impulsado por Recalde y sus colegas del oficialismo que propone reestablecer la redacción original del artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo referido al concepto de prestaciones complementarias.
De esta manera se busca anular los agregados al artículo 105 según la ley 24.700 de 1996, que establecen que “las prestaciones complementarias, sean en dinero o en especie, integran la remuneración del trabajador”, con excepción de cuatro casos.
a) Los retiros de socios de gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente contabilizada en el balance; b) Los reintegros de gastos sin comprobantes correspondientes al uso del automóvil de propiedad de la empresa o del empleado, calculado en base a kilómetro recorrido, conforme los parámetros fijados o que se fijen como deducibles en el futuro por la DGI; c) Los viáticos de viajantes de comercio acreditados con comprobantes en los términos del artículo 6 de la Ley N. 24.241, y los reintegros de automóvil en las mismas condiciones que las especificadas en el inciso anterior; d) El comodato de casa-habitación del propiedad del empleador, ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo, o la locación, en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda.
Según Recalde, estas excepciones “desvirtúan el concepto de prestaciones complementarias, recortando injustificadamente la remuneración de los trabajadores”.
Asimismo la comisión firmó dictamen favorable a otro proyecto de Recalde que establece que en caso que el empleador despida a testigos de juicios laborales que se encuentren prestando servicios para la empresa demandada, “deberá abonar una indemnización equivalente a un año de remuneraciones”, que se acumulará a la establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para el diputado del Frente para la Victoria, el proyecto “resulta idóneo a fin de garantizar una protección mínima al trabajador que tenga la carga legal de prestar declaración testimonial en una causa judicial, sin que, a tal efecto, recaiga sobre sus espaldas, el riesgo de ser perjudicado por su empleador con motivo de los dichos vertidos en su deposición judicial”.
Por otro lado, la Comisión de Legislación del Trabajo aprobó un proyecto del diputado bonaerense Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal) que establece la obligatoriedad de exámenes médicos en actividades donde se manipulen plaguicidas y que deberá ser analizado por las comisiones de Salud y Justicia para poder llegar al recinto.
Finalmente, los legisladores decidieron postergar el tratamiento de una iniciativa referida a los casos de discriminación en avisos clasificados para contar antes con una exposición de su autor, el diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig (FpV).
