Memoria y Justicia a 30 años de la recuperación de la democracia

Por Hugo Maldonado

Un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 vuelve con su bagaje de dolor y de recuerdos, para evocar la tragedia del terrorismo de Estado, que se alzó contra la República desvastada por la guerrilla, los crímenes de la Triple A y la impotencia política de un gobierno desquiciado, que había ordenado aniquilar la subversión.

En los últimos años, un relato impregnado de engañoso revisionismo ha intentado imponer, con notorias omisiones, una memoria selectiva sobre el marco histórico en el cual se produjo el nefasto levantamiento militar y la recuperación de la democracia en 1983.

Se han ocultado muchas cosas, que encubrieron responsables y protagonistas directos de graves violaciones de los derechos humanos y las garantías ciudadanas, tanto en la faz terminal de la década del 70, como en los últimos estertores del régimen de facto, cuando se proclamó una ley de auto amnistía a los jefes militares y a todos los crímenes cometidos desde el 25 de Mayo de 1973, con el beneplácito del justicialismo.

Al cumplirse 30 años del triunfo de Raúl Alfonsín y del retorno de la democracia en la Argentina, es hora de desentrañar el relato oficial que ha ocultado, bajo una profusa propaganda, el papel trascendente del radicalismo en el nacimiento y vigencia de un Estado de derecho moderno.

Hay que reconocer que desde ese momento el país ingresó en una de las experiencias de reconstrucción institucional y política más trascendentes de toda su historia y se enraizaron los cimientos que perduran y apuntalan la continuidad institucional hasta nuestros días.

La creación de la CONADEP, la publicación del Nunca Más, el Juicio a la Juntas Militares, la incorporación de numerosos tratados y convenciones de derechos humanos a nuestra legislación interna, la igualación de las mujeres con los hombres en el ejercicio de la patria potestad y la equiparación en derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, fueron todos aportes realizados por el gobierno radical en materia de derechos humanos desde el inicio mismo de la transición democrática.

Además se restablecieron los derechos relacionados con la libertad de aprender y enseñar de estudiantes y docentes, se promovió eficazmente la integración regional, la paz y la vigencia de los derechos humanos en el mundo; se impulsaron planes nacionales de alimentación y alfabetización dirigidos a los sectores más desprotegidos junto al impulso del cooperativismo; se incentivó la participación política en todos los niveles y se respetó plenamente la libertad de expresión.

La Unión Cívica Radical fue un pilar fundamental en el proceso de consolidación democrática en la Argentina y ese camino, con avances y retrocesos,- de todos los gobiernos que la sucedieron-, ha sido sostenido por la sociedad hasta hoy. Al transmitir a la sociedad -sobre todo a los más jóvenes que no vivieron la experiencia democrática del 83-, la tarea que realizó la UCR en el gobierno de Raúl Alfonsín, se trata además, de hacer “justicia con la memoria”.

También debemos decir que la causa de los derechos humanos trasciende una visión retrospectiva del terrorismo de Estado.

No podemos omitir el estado de exclusión en el que se encuentran millones de argentinos que no tienen acceso al agua potable, a la salud, a la educación, a la vivienda digna; o que carecen de empleo. No se puede desconocer la postergación y el hostigamiento de los Pueblos Originarios, ni la situación de usuarios y consumidores víctimas de la corrupción; ni las consecuencias de los graves daños de la contaminación ambiental en el país.

Conmemoremos el próximo 24 de Marzo haciendo nuestro un pensamiento del admirado Papa Francisco, que hoy despierta admiración en todo el orbe por su humildad y austeridad, su frescura y libertad, al transmitirnos la esperanza de un mundo nuevo: “Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. La deuda social es inmoral, injusta e ilegítima”.

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