El diputado nacional Pablo Orsolini presentó un proyecto de ley por el cual propone una actualización del Fondo Algodonero para que se constituya por “un término de veinticinco años” y una eventual extensión por otros 10 “de no mediar una legislación o acto administrativo en contrario”, a la vez que propicia que su constitución se haga “sobre la base de 150 millones de pesos, a través de una partida prevista por el Tesoro Nacional incluida en el Presupuestos General de la Nación”.

En la iniciativa, el legislador plantea la posibilidad de que esa suma pueda “aumentar en forma programada y por vía reglamentaria en función de las hectáreas sembradas”, y faculta además a que el Poder Ejecutivo pueda “actualizar anualmente o cuando lo crea pertinente el monto establecido en este Fondo”.

En los fundamentos de la iniciativa, Orsolini advirtió que “a partir de un proceso de diversificación agrícola con la alternancia de cultivos diferentes (algodón, girasol, trigo, sorgo, maíz, y soja) que competían por el mismo espacio agrícola de acuerdo a las condiciones del mercado” se produjo “una nueva estructura socio-productiva. Es por eso que se conoce a este proceso como “pampeanización”.

“La soja alcanzó un crecimiento espectacular reemplazando al algodón. Muchos llaman a este proceso como la “sojización” del NEA. Las provincias asistieron a un cambio del monocultivo algodonero por el monocultivo de la soja”, detalló Orsolini, quien remarcó que tales situaciones “derivaron en el aumento de la desocupación y la pobreza rural, y provocó la expulsión de muchos pequeños agricultores de economías familiares que emigraron hacia los aglomerados de las grandes ciudades, eliminando al agricultor como sujeto social”.

Sostuvo que “el fondo algodonero establecido en la Ley 26060 sancionada en el año 2005, ha sido una herramienta útil para compensar esta asimétrica y no querida situación originada, ya que prevé fondos para pequeños y medianos productores de la actividad con la intención de sostener esta producción. Se estableció, al momento la sanción un Fondo de cincuenta millones y a nadie se le puede escapar que, luego de 8 años, ese monto ha quedado totalmente fuera de vigencia para afrontar los cometidos que tuvo la sanción de la mencionada ley, entre otros, abarcar el tema del seguro, el tema de créditos, la aplicación de nuevas tecnologías, los convenios con INTA y con otros organismos que tienen que ver con todo el salto tecnológico en materia algodonera”.

Orsolini advirtió que “los costos de producción del cultivo (insumos, labores, etc.) se han incrementado enormemente si comparamos con los costos existentes al momento de la sanción de la ley, hecho que de por si habla de la necesidad de actualizar el monto del Fondo”, y añadió que: “Debemos revertir la situación originada por políticas erradas que han conducido a una situación no deseada como la actual”, sostuvo Orsolini, quien indicó que “el fortalecimiento del cultivo del algodón es una barrera interesante para evitar la expansión de la soja que con su avance está dejando afuera del sistema a una gran cantidad de pequeños productores y sus correspondientes familias, creando situaciones sociales desagradables de desarraigo”.

“Una vez sancionada la ley que propicia se deberán sentar todas las provincia algodoneras, junto al Ejecutivo para consensuar el sistema de índice para poder repartir este fondo entre todas en forma equitativa y en base a la cantidad de hectáreas y pequeños productores involucrados en cada una de ellas”, concluyó Orsolini.