Por Ramiro Gutiérrez
La responsabilidad legislativa es un proceso complejo, que no termina con la discusión y la construcción de la herramienta legal.
El difícil proceso regulador de conductas que enfrenta el legislador, tiene su verificación final en la praxis de la dinámica social, donde leyes técnicamente correctas en el laboratorio han fallado rotundamente sin alcanzar los objetivos previstos por sus creadores.
Observar detenidamente el devenir de una ley y estudiar el desempeño de sus institutos mediante la respuesta social a su implementación, son desafíos y competencias nuevas del legislador moderno y su responsabilidad legislativa.
En este marco de ideas, es una realidad verificada que la Ley 13.927, Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires, contiene institutos, herramientas y conceptos que han fallado al momento de diseñarse y luego implementarse.
La puesta en funcionamiento de la Ley 13.927 dejó al descubierto una falla en su concepción, lo que ha trastocado los valores dirigidos a adecuar las conductas de los actores del tránsito bonaerense.
Preocupa más recaudar que prevenir accidentes. La práctica pone de manifiesto cuánto se ha alejado el Estado de la búsqueda de la prevención de conductas riesgosas, imprudentes y lesivas en el tránsito, para recalar sólo en un mero fin recaudatorio, cargado de automatismo y responsabilidad objetiva.
La implementación de elementos técnicos y mecánicos, sin verificación por control humano directo, ha generado que las rutas de la provincia de Buenos Aires estén plagadas de radares fotográficos, que son verdaderas trampas caza infractores sin fin preventivo alguno y que incluso por su deficiente ubicación y regulación de velocidad permitida, atentan contra al integridad física de los conductores y transeúntes.
Es necesario cambiar el eje de la discusión, debe ser un funcionario del Estado, presente en el lugar de la comisión de la falta, quien la verifique y notifique al infractor parándolo en un radio que no supere los diez kilómetros.
La Ley de Tránsito y el fin recaudatorio claro que ha surgido de su implementación, han desnaturalizado principios esenciales del derecho constitucional, contravencional y procesal, llegando incluso a desjerarquizar las funciones, competencias y fines de la Policía de Seguridad Vial.
En la actualidad el sistema de radarización fotográfica estática y móvil, ha sustituido la función preventiva que el control directo de la fuerza pública debe hacer, con el detrimento que esta sustitución sólo tiene un fin recaudatorio.
El cuerpo probatorio y, en este caso, la fotografía en forma excluyente (que sólo debería ser el sustento de la verificación directa), se ha transformado en la verificación misma, transgrediendo todo el espíritu y garantía de nuestro derecho contravencional “de autor”, hecho a semejanza de su hermano mayor el derecho penal liberal de base constitucional.
El artículo 18 de la Constitución Nacional, en su parte pertinente, textualmente reza: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…”.
La expresión “anterior al hecho del proceso”, significa que para poder sancionar debe existir previamente una conducta, una acción, un hecho, que en este caso violente la Ley de Tránsito y que debe ser fielmente constatado.
Se están recibiendo por millares en los domicilios de los vecinos de la provincia de Buenos Aires y del país entero, formularios de infracción (léase multas) con una fotografía de un vehículo cuyo dominio ha sido identificado en la placa.
Con un sistema de verificación distorsionado como el que se ha permitido, lo acreditado es un rodado pero nunca la conducta humana merecedora de reproche.
Los automotores son objetos inanimados y no pueden cometer ilícitos, sólo lo hacen los hombres mediante su acción final de conducir en infracción.
En este sentido es unánime la doctrina: “El derecho pretende regular la conducta humana, no pudiendo ser delito otra cosa que una conducta”.
Nuestro derecho en su evolución de garantía no puede permitir, ni en la regulación normativa, ni en su implementación efectiva, resabios de responsabilidad objetiva como los emergentes de la Ley en pretensa reforma.
Asimismo, la fiscalización de velocidad, en muchos casos, está mal señalizada o las velocidades máximas que están indicadas al costado del camino no corresponden a los cánones legales.
Tanto el gobierno nacional como el provincial y el municipal deben rediseñar su estrategia de prevención entendiendo, definitivamente, que los radares deben ser utilizados como instrumentos de seguridad vial y no como cajas de recaudación.
Ramiro Gutiérrez es diputado bonaerense por el Frente Renovador
