Repudian intimidación y agresión a periodistas en Córdoba

Un equipo del diario Día a Día fue protagonista de un incidente con la policía cordobesa, en momentos en que estaban cubriendo una toma de terrenos, lo que despertó la reacción de la titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.

La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, expresó a través de su presidenta, la diputada nacional Mónica Gutierrez, su repudio y preocupación ante la intimidación, impedimento y agresión a la labor periodística del equipo del diario Día a Día por parte de la Policía de la provincia de Córdoba, como así también su solidaridad con los trabajadores de prensa.

Según se informó a través de un comunicado, este miércoles en momentos en que un equipo periodístico del diario cubría una toma de terrenos en el barrio Los Fresnos, al sudeste de la ciudad de Córdoba, un subcomisario de apellido Dávila los acusó de estar incitando a los vecinos a actuar en el predio, intimidando al periodista Juan Pablo Martínez y al fotógrafo Nicolás Bravo con una amenaza de detención.

“Posteriormente, y pese a que los integrantes del equipo del diario mostraron sus credenciales a los policías allí presentes (situación que se ve claramente en el video registrado por los propios periodistas y que el diario publica on line), les fue impedida su labor con amenazas y agresiones verbales, hasta que finalmente fueron detenidos y llevados por la fuerza al interior de un móvil policial, con el cual fueron conducidos a una comisaría. Posteriormente, procedieron igualmente con el chofer del diario, Marcos Filippes”, señala la comisión.

Sólo la intervención de las autoridades provinciales del área, ante el requerimiento de los responsables del diario vía telefónica, permitió la liberación de los periodistas que fueron demorados en la sede policial de la zona, sin ninguna razón y sin haber mediado ninguna explicación. Esto preocupa doblemente, señaló la diputada Gutiérrez, “porque remite a los 'procedimientos' que padece diariamente el pueblo de Córdoba por parte del accionar policial y que como la crónica cotidiana relata, generalmente derivan en graves violaciones a los derechos humanos de los cordobeses que no tienen a mano teléfonos del poder político ni de la cúpula policial y mucho menos la oportunidad de acceder a ellos”.

La diputada cordobesa, alineada con el Gobierno nacional y por lo tanto enfrentada con el gobernador de su provincia, advirtió que “cuando como en este caso, el brazo represivo del Estado que actúa a órdenes del poder político provincial pretende silenciar, impedir o peor aún, reprimir el trabajo de la prensa, resulta imperioso exigir respuestas claras, y es la máxima autoridad de la provincia, el gobernador De la Sota, quien se las debe al pueblo de Córdoba”. Y concluyó señalando que “estos lamentables hechos son una demostración del desamparo que ante las fuerzas de seguridad tiene el ciudadano común, tanto cuando es víctima de la inseguridad como cuando resulta víctima del abuso de poder de la propia Policía, a quien el poder político gobernante en la provincia le permite y le habilita los abusos y las violaciones a los más esenciales derechos”.

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