Con la intención de salvaguardar el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y sabiendo que hay muchos funcionarios del Poder Judicial, nacional y provinciales, que no acuerdan con la exención del impuesto a las ganancias efectiva gracias a una acordada de la Corte Suprema de Justicia para incumplir una ley del Congreso de la Nación, parece que deberíamos por lo menos permitirnos discutir algunas alternativas como por ejemplo la creación de un fondo especial, de carácter voluntario, que permita que aquellos que quieran ejercer el cargo con el que la Nación los ha honrado bajo premisas de imparcialidad puedan depositar allí el valor correspondiente al mencionado tributo. La integración de ese fondo podría ser publicada y actualizada en una página web y las redes sociales.

Estoy convencida que en la actualidad nuestro sistema judicial cuenta con muchos hombres y mujeres que se consideran iguales más que superiores así que no tengo ninguna duda de que ese fondo voluntario será abultado y podría servir por ejemplo para fortaleces acciones dirigidas a las víctimas de violencia de género o los niñ@ víctimas de delitos trata o esclavitud.

Si la Carta Magna establece que todos somos iguales ante la ley no puede justamente hacernos diferentes ante los organismos estatales de recaudación el desempeño de ciertas funciones inherentes al mantenimiento de la República, como lo es nada más y nada menos que el deber de impartir Justicia. Sería un gran absurdo o, como dicen los chicos en el colegio, un colmo: el colmo de un juez acordar con otros para incumplir la ley vigente, simplemente porque no le conviene,

Históricamente, los jueces y magistrados resistieron el pago del impuesto a las ganancias porque implicaría una merma en sus ingresos y, por ende, afectaría la garantía constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones prevista en el artículo 110 de la Carta Magna. Así lo había entendido la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Si bien los funcionarios del Judicial estaban exentos del pago del gravamen, todo ello cambió con la Ley 24.631 que exigió el pago del tributo a partir del 1º de enero de 1996 al derogar la exención especial prevista en la del impuesto a las ganancias. La CSJN no se hizo esperar y declaró la inaplicabilidad del artículo 1 de esa norma en cuanto deroga las exenciones contempladas en el artículo 20, incisos p y r de la ley 20.628, texto ordenado por decreto 450/86, para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

En un fallo posterior y con un indiscutible sentido federal, el máximo tribunal (después del cual no queda otra que la Justicia Divina) extendió la inaplicabilidad de la derogación de la exención a los jueces provinciales, entendiendo que son “jueces de la constitución”, motivo por el cual cumplen“como los demás, idéntico ministerio y, por lo tanto, se hallan sujetos a parejas responsabilidades y deberes, y han de contar, a tal efecto, con similares garantías…”.

Ahora bien y retomando mi planteo, la exención tributaria de la que gozan los jueces es odiosa frente a los estándares modernos de igualdad y debería ser suprimida. Afecta, desde mi punto de vista, el principio de igualdad ante las cargas públicas, previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Analizar el espíritu de la norma que manda establecer una garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados –artículo 110 de la Constitución Nacional-, obliga a revisar aspectos temporales e históricos de la discusión. El impuesto a las ganancias apareció con bastante posterioridad a la garantía del 110 –1935- que originariamente buscaba evitar que los jueces quedasen sujetos a los caprichos discrecionales del Poder Ejecutivo al que debían controlar. Por ello, una disminución de las remuneraciones fundada en el carácter general del tributo, no parece tener carácter persecutorio.

El principio de generalidad tiene fundamento constitucional a partir de la inclusión de los tratados sobre derechos humanos–artículo 75 inciso 22- entre los cuales se encuentra la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –1948-. La Constitución Nacional quiere una Justicia independiente de los otros dos poderes y, por ello, asegura la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta y la intangibilidad de los sueldos a fin de no subalternizarlos y hacerlos meros dependientes de los otros dos poderes. Por lo tanto, un tributo no discriminatorio –que se aplica a la generalidad- no hace a la esencia de la garantía del 110 y deviene contraria a la garantía del 16.

Entonces, tenemos en la actualidad una ley vigente -24.631- que derogó la exención del pago del impuesto a las ganancias a jueces y magistrados, pero la CSJN la declaró inaplicable. Así están las cosas hace ya prácticamente una década sin que nadie se atreva a ponerlas en su lugar, sólo se toca el tema en declaraciones mediáticas, erróneamente maliciosas.

Pero como se que numerosos funcionarios judiciales manifestaron públicamente su voluntad de cumplir con el gravamen y estoy segura de que hay muchísimos más con esa intención es que propongo la creación de un fondo voluntario. El fondo, que sería destinado a resarcir de algún modo a las víctimas de cualquier delito o de violencia de género por ejemplo casas refugio, asistencia y adicciones, entre otros, se nutrirá de los aportes de los jueces y magistrados que se consideren iguales a todos los ciudadanos sometidos a las generales de la ley y por ello fuera de la órbita de las acordadas de la CSJN.