Uno a uno los representantes de la oposición fueron anticipando su rechazo a la invitación que les formulara el Gobierno nacional a través de la Secretaría General de la Presidencia a asistir este lunes al acto que tendrá lugar en la Casa de Gobierno.

Así había sucedido también la semana pasada, cuando algunos diputados alcanzaron a anunciar que no concurrirían al acto programado en principio para el miércoles 3 de abril.

Desde el Frente Peronista, anunciaron el sábado esa decisión a través de un comunicado en el que legisladores del sector señalaron en primer lugar que “nuestro rol como oposición no es presenciar y acompañar anuncios sobre proyectos de ley que luego se cierran a cualquier posibilidad de modificación, sino contribuir a un verdadero debate democrático que hoy está vedado”.

En segundo lugar, aseguraron estar “convencidos de que detrás de la pretendida ´democratización’ se esconde un nuevo avance del Poder Ejecutivo sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial, principios que hacen a la división de poderes y al sistema de frenos y contrapesos propio de nuestra forma republicana de Gobierno”.

“Nos olvidamos que estos proyectos se anuncian casualmente luego de que el Gobierno recibiera fallos adversos de la Justicia”, agregaron en tercer orden. En este sentido respaldaron “la función y la responsabilidad institucional de la Justicia de controlar los actos de gobierno y declarar la inconstitucionalidad de las leyes que violan nuestra Carta Magna en el marco del llamado control de constitucionalidad”.

“Entendemos que ninguna de las iniciativas ya anunciadas por la Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso contribuye a afrontar los verdaderos desafíos del Poder Judicial, sino que constituye una estrategia más en el objetivo de consagrar un poder hegemónico que no se sujete a limites institucionales”, añadieron los diputados del Frente Peronista como quinto argumento.

Por último, enfatizaron que “democratizar la Justicia no debe ser entendido como otra cosa que garantizar el más pleno acceso de los ciudadanos al servicio de justicia, y ninguna de las iniciativas ya adelantadas por el Gobierno contribuirán a una justicia de puertas abiertas que comprenda los problemas cotidianos del ciudadano, una justicia moderna, ágil y flexible en sus formas”.

Desde el mismo bloque, el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari envió personalmente su rechazo a la invitación a través de una carta dirigida al secretario General de la Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, señalando que le resultaría “sumamente frustrante presenciar y acompañar la presentación de proyectos de ley que -habida cuenta de los antecedentes obrantes en los últimos dos años cuando provienen del Ejecutivo- luego se cierran a cualquier posibilidad de modificación”.

“En tal sentido, revalorizo mi prioridad como diputado nacional de contribuir en un debate democrático que pueda enriquecer nuestra función de dictar normas de carácter general, más aún cuando versan sobre temas que hacen a los pilares del sistema institucional que garantiza nuestra Constitución”, agregó.

Por su parte, el titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, adelantó que los bloques legislativos del radicalismo no concurrirán este lunes al acto en el cual la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hará anuncios sobre cambios en la Justicia, a través de un comunicado en el que señala: “Agradecemos la invitación cursada por la presidenta de la Nación, pero consideramos que nuestra presencia en el acto es absolutamente innecesaria”, y agrega que “la presidenta ya adelantó en su mensaje del 1ro de marzo los lineamientos de las medidas que el Ejecutivo piensa impulsar, de las cuales la relativa al Consejo de la Magistratura es particularmente preocupante”.

“Ahora el ámbito de discusión es el Congreso de la Nación, con lo cual esperamos los textos de las iniciativas en el ámbito que corresponde, que es el Parlamento”, finalizó.

Igual decisión llegó desde el FAP. La referente Victoria Donda señaló que “entendemos que democratizar la justicia no es sólo anunciar la designación de los magistrados por voto popular. Para nosotros la verdadera democratización de la justicia sería que el Poder Ejecutivo le permita al Poder Judicial avanzar en las causas que investigan a los funcionarios kirchneristas acusados de diversos ilícitos; o que se cumpla la Constitución Nacional y se ponga en funcionamiento el juicio por jurados”, afirmó la legisladora de Libres del Sur y agregó: “Hay que cumplir con la Constitución y garantizar el libre acceso a la justicia de todos los habitantes de esta tierra. Libre acceso a la justicia significa el acceso gratuito de todos los ciudadanos a los tribunales, no se debe restringir la jurisdicción con impuestos o tasas que sólo implican una mayor marginalidad a quienes menos tienen”.

Por último la diputada del FAP advirtió que “una justicia verdaderamente democrática avanzaría en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales para todos los habitantes de nuestra nación, y tornaría justiciables el derecho a la educación, la salud, el trabajo y la vivienda; todos éstos DDHH que el Estado viola sistemáticamente a los sectores más vulnerables de nuestro país. ¿Acaso una justicia verdaderamente democrática no le daría voz a estos sectores? La Argentina kirchnerista, hoy dista mucho de eso”.

Desde el Pro, Pablo Tonelli, anunció que tampoco irían, en tanto que Elisa Carrió lo hizo a través de una carta enviada a la presidenta en la que le adjudica la intención de promover “la destrucción de la poca justicia independiente que queda en el país “.

Igual se manifestó el titular de la bancada de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, que anunció que no iría “porque no soy aplaudidor”.

Tampoco concurrirá la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich, quien argumentó que “no permitiremos que el Ejecutivo sea un superpoder que anule a la Justicia”. La legisladora sostuvo que “el Gobierno ha ido invadiendo todas las esferas de la vida pública, social e institucional de la Argentina. Por eso afirmamos que tiene razón cuando dice que no quiere reformar la Constitución, directamente quiere anularla”.