En relación a los anuncios realizados por la presidenta de la Nación para reformar la Justicia, el diputado nacional Manuel Garrido consideró que “una reforma judicial hecha a la medida del Poder Ejecutivo es un retroceso para la Justicia” y alertó sobre la posibilidad de “perder una oportunidad histórica para mejorar el sistema judicial de la Argentina”.

“La propuesta que presentó la presidenta no responde a ningún diagnóstico ni es un plan integral, es sólo un conjunto de parches improvisados”, estimó el legislador, que fuera titular de la Oficina Anticorrupción.

Garrido admitió que “es indudable que es necesario introducir modificaciones en la justicia para mejorar su calidad, hacerla más transparente y visible, incoporar más controles y más eficacia, por ejemplo acelerando los tiempos de las resoluciones judiciales”. Pero apuntó que “lamentablemente, el plan presentado no es coherente con las necesidades reales de un sistema judicial independiente y eficaz, sino que refleja la voluntad del Poder Ejecutivo de controlar la conducción del Poder Judicial. En este camino, estaríamos perdiendo una oportunidad histórica para mejorar la justicia en la Argentina.”

Agregó que “el Poder Judicial no se ha modificado desde la vuelta a la democracia, y hay muchas reformas que ya deberían estar en marcha. En los últimos 10 años no se pudo avanzar por ejemplo en reformas procesales y mayor oralidad y transparencia que tendrían una real incidencia en la aplicación efectiva de la justicia”.

Sobre la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, Garrido consideró que “es muy negativo que con el pretexto de democratizar el Consejo de la Magistratura se partidice la Justicia, lo que es inevitable al aumentar sustancialmente el número de integrantes del Consejo y someterlos a elecciones en una boleta partidaria. Por algo la vigencia de una República está basada en la división de Poderes, principio fundamental que la Presidenta no debería pasar por alto”.

Dijo que es positiva la propuesta de concursos previos, lo que permitirá evitar demoras, pero consideró que “esta iniciativa se pierde entre decisiones como la de aumentar el número de integrantes de las ternas, lo que también permitirá al Poder Ejecutivo eludir a los mejores concursantes y privilegiar criterios politicos al acumular varios cargos vacantes y multiplicar los posibles postulantes”.

Consideró además que “la limitación de las medidas cautelares pueden poner en peligro la vigencia de los derechos en general al poner por encima la voluntad del Estado. Es incongruente poner un limite temporal sin proponer nada para acelerar el funcionamiento de la justicia.”

Con respecto a su propuesta sobre el acceso a los cargos judiciales, Garrido opinó que “los concursos y el sorteo que se propone deben aplicarse a todos los poderes y a la administración pública en general. La presidenta ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, como demuestran los numerosisimos nombramentos de empleados en el Poder Ejecutivo y su promocion sin concurso alguno durante todo su gobierno”.

“La publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios de todos los poderes va en la buena dirección pero se descarta todo control al suprimir la Comisión de Etica Publica sin prever reemplazo alguno”, concluyó.