Desde Unidad Popular ponen en duda la “democratización” de la justicia

Los diputados Claudio Lozano y Liliana Parada expresaron sus reparos hacia los anuncios de la presidenta de la Nación en el acto realizado en la Casa de Gobierno.

Para Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular, “la presidenta decidió partidizar y no democratizar el Poder Judicial. Decidió tratar de abrir un mecanismo que permita trasladar la mayoría en el terreno electoral al control del Poder Judicial”.

“Dadas las circunstancias podríamos eliminar todas las elecciones propias de las distintas instituciones de la sociedad (universidades, barriales, sindicales, empresarias, etc.) que en las PASO se vote absolutamente todo”, expresó. Así las cosas, advirtió que “democratizar en serio es brindarle posibilidad específica a la sociedad de que debata, se organice y decida, sobre cada tema, no anular en una discusión general la expresión democrática que en cada sector o institución construye la sociedad”.

Por su parte, Liliana Parada dijo que “si bien aún no contamos con los proyectos a la vista para emitir una opinión más acabada de los mismos, la presentación realizada por la presidenta de la Nación, bajo el título ‘Democratización de la Justicia’, contiene elementos que distan seriamente de tamaña definición”.

“La reforma que se propone del Consejo de la Magistratura, claramente es la politización de la institución, no su democratización, con mayor participación ciudadana, apelando a una interpretación forzada de la Constitución Nacional -dijo-, aunque por otra parte el proyecto contendría elementos como los concursos previos y otros en relación a la selección de los magistrados en base al mérito, donde aparentemente se estarían recogiendo los reclamos que en tal sentido vienen realizando diversas organizaciones que reclaman mayor democracia y transparencia en los concursos, cosa ésta última valorable positivamente”.

Por otra parte, el resto del paquete contiene para Parada “de todo un poco, menos participación y democratización”.

La diputada sostuvo que “la reglamentación de las medidas cautelares, constituye un claro retroceso a nivel de derechos no sólo individuales, sino colectivos”.

“La creación de las cámaras de Casación, no sólo evidencian la limitación que desde el poder ejecutivo se quiere imponer a la Corte, sino que avanza sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, obviando cual si no existiera, el mandato constitucional de transferencia de la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyó.

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