El funcionario remarcó que “todas las provincias argentinas tienen reguladas las medidas cautelares contra el Estado” y que hay una “laguna” en el nivel nacional, “producto de intereses económicos, jurídicos” que prefieren que permanezca la actual legislación. En el mismo sentido agregó que “toda la legislación europea, de donde nuestra legislación ha tomado como referencia”, regula las cautelares contra el Estado.

El proyecto “tiene como objetivo buscar equilibrio entre el derecho litigante del ciudadano y el derecho legítimo de defensa del Estado, hoy vulnerado por aplicación de un código pensado para el derecho privado”, señaló, e insistió: “No estamos planteando nada nuevo. Desarrollar una normativa que ponga equilibrio entre los intereses del Estado y los intereses de los particulares”.

En tanto, Alak consideró una “falacia” que la regulación propuesta para las cautelares sea un “instrumento para que el Estado no cumpla con lo que debe cumplir”.

“Debemos terminar con esta laguna normativa. Hay que terminar con el negocio de la inmoralidad, el negocio de las cautelares eternas”, enfatizó el ministro de Justicia, y aseguró que la regulación de las cautelares “no pretende ningún tipo de cercenamiento de derechos de los ciudadanos. Por el contrario, los confirma. Garantiza el derecho a la defensa”.

Por otro lado, el funcionario señaló que “para evitar que con la cautelar se logre el objetivo que se debía lograr en la sentencia, (el proyecto de ley) se pone un plazo de vigencia razonable como dijo la Corte en el caso Clarín” por la suspensión del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La propuesta presidencial establece que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo pero que podrán extender por seis meses siempre que ello resultare procesalmente indispensable.