Alvarez insistió que debe haber un “plazo razonable” para la vigencia de las cautelar

El secretario de Justicia admitió que la iniciativa enviada por la Casa Rosada tomó impulso por la medida del Grupo Clarín que mantiene suspendidos dos artículos de la Ley de Medios.

Julián Álvarez reconoció que el proyecto presidencial para regular las cautelares contra el Estado toma como antecedente el caso Clarín. A lo largo de su exposición ante el plenario de comisiones del Senado, el funcionario cuestionó duramente que todavía esté vigente la medida cautelar dictada el 7 de diciembre de 2009 que suspendió dos artículos de la Ley de Medios sancionada ese año por el Congreso Nacional.

En ese sentido ponderó en diversas oportunidades la decisión de la Corte Suprema de Justicia de haber ordenado que se establezca un “plazo razonable” para la vigencia de la medida cautelar.

“La causa Clarín es muy interesante como caso de estudio. Ahí se pueden observar muchos mecanismos oscuros, la opacidad del derecho a través de un lenguaje en el sistema judicial argentino que es decimonónico y que no esta a la alturas de las circunstancias del siglo XXI”, señaló el secretario de Justicia de la Nación.

En efecto, la iniciativa establece que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo pero que podrán extender por seis meses siempre que ello resultare procesalmente indispensable.

El proyecto de “ley de medidas cautelares que tiene una serie de requisitos y formalidades dinámicas, establece excepciones absolutas a estas restricciones que se dictan para el ordenamiento de las cautelares”, agregó Álvarez.

En esta línea precisó que “si hay una afectación al derecho a la vida, alimentación o salud no es necesario correr traslado al Estado, no hay plazo razonable, la medida cautelar se interpone y no importa siquiera la competencia. Incluso un juez incompetente puede dictar una cautelar si están afectados estos derechos”.

“Tenemos un proyecto amplio que incluye este sentido de ponerle luz a los mecanismos opacos pero que no cercena los derechos esenciales, derechos humanos de nuestros argentinos y argentinas”, sostuvo el funcionario.

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