El kirchnerismo en el Senado completó el tratamiento en comisión del paquete de proyectos de reforma judicial enviado a esta Cámara por la Casa Rosada. Tras despachar este miércoles la reforma al Consejo de la Magistratura y la iniciativa para la creación de tres nuevas cámaras de Casación, el bloque que conduce el rionegrino Miguel Ángel Pichetto firmó este jueves el dictamen para el proyecto que regula las medidas cautelares contra el Estado nacional.

Ahora el objetivo del oficialismo es tratar los dictamenes la semana que viene en el recinto para luego girarlos a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Nuevamente el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y su segundo, el secretario de la cartera, Julián Álvarez, concurrieron a la Cámara alta para exponer la iniciativa, esta vez ante un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación General.

El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner establece que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo pero que podrán extender por seis meses siempre que ello resultare procesalmente indispensable.

A la vez, dispone que un juez solo podrá dictar una medida cautelar cuando es competente en la causa y solo podrá tener validez si dicta esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida, la salud o el derecho alimentario.

La oposición mantuvo su postura y se negó a participar del debate en comisión por no estar de acuerdo con la metodología de trabajo. Es que el kirchnerismo había anticipado que firmaría los dictámenes esta semana y, en boca del senador Aníbal Fernández, que no habría modificaciones a los proyectos.

Sin embargo el bloque oficialista finalmente le introdujo correcciones a la reforma al Consejo de la Magistratura y este jueves le incorporó artículos al proyecto para regular las cautelares. Uno de ellos establece que los jueces pueden tomar una medida unilateral sin escuchar al Estado con el propósito de defender el medio ambiente, dado que no se puede reparar el daño.

Al respecto Pichetto señaló que “si bien (las cuestiones ambientales) no pueden ser tratadas de la misma manera que las cuestiones alimentarias, tienen que tener un procedimiento especial sin escuchar al Estado”, en un primer momento. Tomo como ejemplo la cuestión de los árboles de la 9 de julio.

Una segunda modificación establece que cuando exista un litigio entre un juez civil y un juez en lo contencioso administrativo, derá resolverlo este último dado que a él le corresponde la relación entre empresas y el Estado.

Como en el plenario anterior, lo únicos senadores que no pertenecen al bloque kirchnerista y que participaron del debate fueron la salteña Sonia Escudero (peronismo disidente) y el porteño Samuel Cabanchik (Probafe), que plantearon su inquietudes ante el secretario de Justicia. El oficialismo también aceptó incorporar una propuesta de Escudero.

También expuso el abogado Fernando García Pulles, quien sugirió algunas modificaciones e intercambió opiniones con Julián Álvarez.