El ministro de Justicia expone en el Senado la reforma de las cautelares

Julio Alak continúa con la explicación de los proyectos de reforma judicial enviados por la presidenta. El kirchnerismo buscará firmar dictamen tras escuchar al funcionario, con el propósito de aprobarlo en el recinto el 18 de abril. La oposición volvió a ausentarse.

El Frente para la Victoria en el Senado se dispone a completar el debate en comisión del paquete de proyectos de reforma judicial enviado por la Casa Rosada a esta Cámara. Tras despachar este miércoles la reforma al Consejo de la Magistratura y la iniciativa para la creación de tres nuevas cámaras de Casación, el bloque que conduce el rionegrino Miguel Ángel Pichetto buscará dictaminar sobre el proyecto para regular las medidas cautelares contra el Estado.

Al igual que este miércoles, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y su segundo, el secretario de la cartera, Julián Álvarez, exponen los fundamentos de la iniciativa ante un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación General.

A su término, el oficialismo buscará el firmar el despacho correspondiente con el propósito de aprobarlo en el recinto el 18 de abril y así girarlo a la Cámara de Diputados.

Por su parte, la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista y el Frente Peronista anticiparon que no participarán del debate en comisión dado que no comparten la celeridad del tratamiento parlamentario y a libro cerrado.

Los únicos senadores no oficialistas que concurrieron al plenario son la salteña Sonia Escudero (peronismo disidente) y el porteño Samuel Cabanchik (Probafe).

El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner establece que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo pero que podrán extender por seis meses siempre que ello resultare procesalmente indispensable.

A la vez, dispone que un juez solo podrá dictar una medida cautelar cuando es competente en la causa y solo podrá tener validez si dicta esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida, la salud o el derecho alimentar.

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