Desde hace unos meses la presidente de la Nación viene reclamando la “democratización” de la justicia. Este concepto equívoco, que en sí mismo no significa nada, fue precisado en el discurso del 1º de marzo de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso y aún más en el acto del 8 de abril. Los anuncios sólo permitieron comprobar lo que sospechamos desde un primer momento: que, detrás de la pantalla de la democratización, no había más que la intención de terminar con los últimos vestigios de independencia del Poder Judicial. En lugar de democratizar, se quiere domesticar a los jueces.

Esto se advierte claramente en la propuesta de modificar el Consejo de la Magistratura. Este órgano fue creado por la reforma constitucional de 1994 con el propósito de reducir el componente político –antes absoluto- en la designación y remoción de los magistrados, y privilegiar la idoneidad, para lo cual se creyó necesario que, junto a los consejeros surgidos de la representación popular, como los legisladores, hubiera otros que representaran a jueces y a abogados, de manera equilibrada. A la ley original que reguló la composición del Consejo, con 20 miembros, se le introdujo en 2006, a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, una modificación que reducía ese número a 13 y le daba mayor peso a la representación política. Se alegó entonces que era necesario achicar el organismo para que fuera más ágil y menos costoso. Ahora, sin embargo, la misma persona, hoy presidente de la Nación, descubre que es mejor elevar el número de integrantes a 19, para que el Consejo sea más “democrático”.

¿Cuál es la clave de este brusco cambio de opinión? La elección popular de todos los consejeros. Basta leer el artículo 114 de la Constitución Nacional para entender que la reforma es inconstitucional. En efecto, para ser “representante” de una categoría o grupo de personas es imprescindible que la representación sea conferida por estas, no por todos los ciudadanos. De lo contrario, la representación profesional se confunde con la propia representación política, como la de diputados y senadores. Para esto, es mejor no contar con un Consejo de la Magistratura y volver al sistema histórico, en el que sólo intervienen el Poder Ejecutivo y el Senado. Pero esa modificación requeriría inexcusablemente una reforma constitucional.

Tampoco la limitación de las medidas cautelares dictadas contra el Estado “democratiza” la justicia, sino que suprime obstáculos para que el gobierno no pueda ser eficazmente controlado. Al mismo fin tiende la absurda creación de cámaras de casación, un tribunal intermedio entre las actuales cámaras y la Corte Suprema, cuyo previsible resultado será hacer los juicios más lentos y engorrosos. El motivo real es licuar el poder de la Corte Suprema, que en los últimos tiempos ha sido una valla para los proyectos más delirantes y peligrosos del oficialismo. Es increíble que propongan estas iniciativas los mismos que hace unos meses aprobaron con vergonzosa celeridad una reforma que permitía el acceso a la Corte mediante un salto de instancia, para que los procesos no fueran tan largos en casos de gravedad institucional.

Otros proyectos parecen elaborados para dulcificar el núcleo duro de las reformas, como los referidos a la transparencia y publicidad de las causas judiciales (que ya son públicas, lo que la presidente tal vez ignore) o al acceso no discrecional al Poder Judicial (que estaría bien si fuese por mérito y no por un insólito sorteo). En cuanto a las declaraciones juradas de los jueces, ya existen. Por lo demás, si hay algo opaco en la Argentina es el acceso a la información del Poder Ejecutivo.

En definitiva, el partido de gobierno achica y agranda el Consejo de la Magistratura, y facilita o dificulta la intervención de la Corte Suprema, todo según parámetros de exclusiva conveniencia política del momento. Es un grosero manoseo de las instituciones, que dinamita la seguridad jurídica y la confianza pública en la justicia, garante último de nuestras libertades. Vivimos momentos de honda gravedad. Ojalá que la sociedad tome conciencia del enorme peligro que significa abandonar los principios republicanos y entregarle todo el poder a una única persona. Contra ese sistema, que se llama despotismo, nacieron las constituciones.