La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó consideró “descabellada” la comparación hecha por sectores de la oposición entre la reforma judicial y un golpe. A su juicio, la reforma “tiene el acierto de tocar puntos que hacen quebrar un funcionamiento corporativo disfuncional, por ejemplo a través del ingreso democrático. ¿Quién puede criticar que se ingrese a la Justicia de manera igualitaria? Por efecto de las designaciones por padrinazgo y parentesco hoy tenemos la misma clase de jueces, con intereses elitistas alejados de los intereses de la sociedad, que hace unos cincuenta años, con el modelo aristocrático”.

“La Justicia ha sido adiestrada en legitimar la dictadura y el vaciamiento neoliberal, además del carácter corporativo de los poderes fácticos. Por mi propia experiencia como fiscal, puedo decir que cuando aparecen las corporaciones se quiebran las normas. He hecho decenas de denuncias por temas económicos de este tipo en el Consejo de la Magistratura, que no tuvieron destino”, sostuvo la funcionaria ante Página 12.

A su juicio, “traer gente ajena a la corporación judicial puede ayudar. En el Consejo hoy están los funcionarios políticos que tienen su interna; los abogados y los judiciales son los que traban cualquier tipo de acto importante. Los académicos tienen la mentalidad de un ciudadano. La situación actual es inadmisible”.

Gils Carbó aseguró que no responde a ningún partido político y se definió como “una persona con trayectoria”, que no es “una marioneta”, e insistió en que se debe “quebrar el elemento corporativo judicial me parece esencial. Así no podemos continuar, perjudica a la sociedad. Hay que sanear la Justicia y el órgano que la controla debe funcionar”.

Para ella, la causa de la embestida emprendida por el Gobierno “es la inoperancia actual del Consejo de la Magistratura. ¿Alguien tiene una idea mejor? Que traiga su propuesta. Hay una trenza de redes corporativas en el Consejo que brinda impunidad a los magistrados. Es una cuestión muy grave. De todos modos, las medidas serán debatidas en el Congreso”.

Con relación a los cambios que se aplicarán para las medidas cautelares, dijo que “hay corporaciones con poder económico que tienen en la gatera y las reparten para evitar que se apliquen leyes de la democracia o con pretensiones como vaciar el sistema jubilatorio, frente a lo cual los ciudadanos están inermes”.

“Lo único que persigue el proyecto es evitar que las medidas cautelares puedan seguir utilizándose para neutralizar políticas públicas dirigidas al interés general. Eso es un acto de corrupción. Cuando estaban las AFJP, y se pagaba 100 pesos de jubilación, ¿alguien salió a decir algo? ¿Por qué nadie hablaba de esto cuando les hacían comprar títulos sobrevaluados de empresas privadas? Hay grandes intereses creados y van a dar una dura batalla”, afirmó.