Una reforma con demasiados atractivos para el Gobierno

Por José Angel Di Mauro

Maestros en materia de simbolismos, en el gobierno se ocuparon de escenificar convenientemente la presentación de los proyectos para “democratizar” a la Justicia. Así, en el Museo del Bicentenario donde la Presidenta detalló los seis proyectos del paquete reformador, la imagen de Cristina compartió cámara con el busto de la República. Siempre irónico y mordaz, el diputado Jorge Yoma escribió en su cuenta de Twitter mientras escuchaba el mensaje: “Me parece, o el busto de la República está con el ceño fruncido?”.

La escenificación fue casi calcada de la que tuvo lugar justamente un año atrás en el mismo sitio, cuando Cristina Kirchner recibió de manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia el anteproyecto de reforma de los códigos Civil y Comercial. Entonces, la Presidenta anunció que el Ejecutivo se tomaría 30 días para analizarlo y enviarlo como proyecto al Congreso, donde esperaba que se aprobara antes de fin de año. Eso no sucedió. Si bien fuentes oficialistas atribuyeron la demora a la cantidad de audiencias públicas por todo el país para analizar el tema, no faltaron quienes la atribuyeron a un pase de facturas presidencial para Ricardo Lorenzetti, quien cayó en desgracia para Cristina Kirchner promediando 2012, por actitudes de la Corte en el marco de la pelea por la Ley de Medios.

Con todo, se esperaba que el nuevo Código fuera el tema más importante del presente año legislativo. Seguramente será abordado en el futuro, pero por lo pronto un impensado hasta hace algún tiempo paquete de proyectos destinados a modificar sustancialmente a la Justicia ocupa su lugar.

Presentado con modos muy parecidos a los que tuvo en su momento la cruzada por la Ley de Medios, existe hoy una diferencia sustancial centrada en la celeridad. Cada vez más cebado por el poder de sus mayorías, el kirchnerismo se propone contar con esas leyes sancionadas en los primeros días de mayo. Con la Ley de Medios fue diferente, pues su tratamiento demandó meses y numerosas audiencias públicas en ambas cámaras; en cambio con estas iniciativas oficiales no se escucharon voces diversas, a pesar del espíritu expuesto por el secretario de Justicia, Julián Alvarez, quien sostuvo en el Congreso que el debate por la reforma “tiene una coherencia histórica y servirá para constituir un país para los próximos 100 años”.

Anunciada la “democratización” de la Justicia por la Presidenta el 1° de marzo, la presentación de los proyectos se demoró por una serie de imprevistos, a saber: la muerte de Chávez, la designación de Bergoglio como Papa y por último las inundaciones en vísperas de esos anuncios. Dispuesto a recuperar el tiempo perdido, en menos de 72 horas la parte más espinosa de la reforma ya contaba con dictamen, y en diez días todo el paquete tendrá media sanción. Si lo desea, hasta podrían llegar a tener todo aprobado la próxima semana.

Llama la atención semejante prisa, pero está claro que el gobierno desea apurar su implementación, sobre todo en uno de los aspectos más controvertidos, el que tiene que ver con la elección a través del voto de los nuevos integrantes del engordado Consejo de la Magistratura. Es que esa elección se perfila como clave en los próximos comicios y en el mes de junio cierra el plazo para la presentación de candidatos, según el cronograma electoral que a partir de la implementación de las PASO ha adelantado sustancialmente los tiempos electorales en la materia.

Según el proyecto del Ejecutivo, la elección de consejeros de la Magistratura se hará por única vez coincidentemente con las primarias; en el futuro será con las legislativas de octubre -no en presidenciales-, pero en esta oportunidad se optó por adelantar los tiempos, confirmando el apuro kirchnerista por contar lo más pronto posible con la nueva norma e implementarla. A partir de la nueva conformación, ese organismo pasará de los 13 actuales a 25 y así seguirá hasta fines de 2014, cuando vencen los mandatos de seis de los actuales 13, llegando entonces a la cifra definitiva promovida por el oficialismo.

La clave en esta cuestión pasa no sólo por el incremento de consejeros en un organismo en el que el kirchnerismo si bien tiene mayoría, no es la suficiente para cumplir sus deseos. Pasa porque la nueva reglamentación hará que las decisiones del futuro Consejo de la Magistratura se definan por simple mayoría y no por los actuales dos tercios exigidos por la ley vigente. Ese impedimento corroborado el año pasado en el transcurso de la pulseada por la Ley de Medios es el origen de esta batalla.

La norma tiene paralelamente un efecto colateral no menor y también favorable al gobierno nacional. La inclusión de los consejeros hará más largas las papeletas; irán a continuación de las nóminas de diputados nacionales. Aquí el dato fundamental es que los candidatos propuestos serán los mismos para todo el país, pero no podrán ser compartidos por distintos partidos. Esto es, mientras el Frente para la Victoria llevará candidatos unificados, radicales, socialistas, peronistas disidentes o el PRO, no podrán compartir candidaturas a menos que vayan unidos en todo el país, cosa prácticamente imposible.

Ese requisito le asegura al kirchnerismo garantizarse el triunfo en el rubro consejeros, como así también tener un candidato único que aglutine fuerzas. Fue el dato que hizo crecer entre las hipótesis más febriles la de postular a la propia Cristina Fernández de Kirchner como candidata oficialista. Una versión que el hábil kirchnerismo dejó que circulara sin descartarla, aunque resulta cuando menos inverosímil. También se sugirió la posibilidad de promover como candidato unificado al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, quien no sólo sería el principal ideólogo de la reforma en ciernes, sino que es claramente el hombre más influyente del mínimo entorno presidencial.

Ya alguna vez se deslizó la posibilidad de que Zannini pudiera ser la figura más conveniente para suceder a una Cristina carente de posibilidad de reelección en 2015, pero siempre chocará esa alternativa con el nivel de desconocimiento que tiene entre la gente. Pero una experiencia como su eventual candidatura podría ser un buen testeo de cara a 2015, aunque muchos se resisten a imaginar a este cordobés de 59 años -al que la propia Presidenta ha definido como “mi alter ego jurídico”- lejos del despacho que hoy ocupa.

Vale para graficar su grado de importancia en el organigrama K sus antecedentes. Zannini fue sucesivamente secretario de Gobierno del municipio de Río Gallegos, cuando Néstor Kirchner llegó a intendente; luego presidente del bloque de legisladores del PJ, con Kirchner gobernador, y más adelante presidente del Tribunal Superior de Justicia, tras la modificación que hizo NK del Poder Judicial santacruceño. Ya en el gobierno nacional, los Kirchner lo trajeron a la Casa Rosada, donde siempre ocupó el mismo cargo.

Propios y extraños siempre han reconocido a Carlos Zannini como el arquitecto de la estrategia para consolidar el poder.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password