El oficialismo avanza en Diputados con la reforma judicial

Tras un debate de cuatro horas, el Frente para la Victoria consiguió los tres dictámenes sobre el acceso “transparente” a las declaraciones juradas, al trámite de las causas y a la carrera judicial. La oposición se unió en dictámenes de rechazo. Las iniciativas serán abordadas este miércoles en el recinto.

El Frente para la Victoria marcha a paso firme con la reforma del Poder Judicial pretendida por el Gobierno. Cuatro horas necesitó para despachar favorablemente los tres proyectos que ingresaron por la Cámara de Diputados: los que buscan publicar en la web las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado, así como todos los fallos judiciales, y “democratizar” el ingreso del personal a la carrera judicial.

Las iniciativas –que sufrieron algunas modificaciones- fueron debatidas en una tensa reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Diana Conti, y Justicia, al mando del opositor Jorge Yoma. La oposición se alzó decididamente en contra y se aglutinó en tres dictámenes de rechazo, que suscribieron el PRO, la UCR, el Frente Peronista y el FAP –con la excepción de Unidad Popular, que firmó sus propios textos alternativos-.

En disidencia también se pronunció Yoma, quien anunció que defenderá su posición en el recinto, aunque se encargó de remarcar: “No quiero convalidar tratamientos urgentes de temas que no son tan urgentes”.

La reunión fue abierta pasadas las 14 por el ministro de Justicia, Julio Alak, y su vice, Julian Álvarez. También expuso el secretario general del gremio de los empleados judiciales, Julio Piumato. En tanto, el oficialismo ya convocó a una sesión especial para este miércoles al mediodía, con la intención de aprobar los tres proyectos y girarlos al Senado.

El debate

La discusión estuvo marcada por varios cruces entre diputados. No habló ningún legislador oficialista; en cambio, la oposición se escudó tras la Constitución y los valores republicanos, y acusó al Gobierno de querer dominar el Poder Judicial y no contribuir a mejorar el funcionamiento de la Justicia.

“Parece que está pasado de moda hablar de República”, sentenció el radical Juan Pedro Tunessi. Gustavo Ferrari (Frente Peronista) alertó que “el último límite que tiene este Gobierno es la Constitución”.

Otro de los reclamos fue la celeridad que le imprimió el kirchnerismo al debate de todos los proyectos. “Si este tema es tan trascendente, ¿por qué sacarlo en diez días?”, cuestionó el titular del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra.

Una de las más picantes fue Elisa Carrió. La cívica denunció un “complot contra las instituciones” y acusó al kirchnerismo de “ponernos al borde del abismo constitucional” y de “someternos a la dictadura de las mayorías”.

Sobre el proyecto que dispone que las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado sean publicadas en Internet, las críticas se centraron en que el organismo de control sea la Oficina Anticorrupción –que depende del Ministerio de Justicia-.

“La Cámpora quiere controlar a toda la clase política”, lanzó Carrió. “Que las haga públicas el poder que corresponde”, coincidió la peronista disidente Graciela Camaño, quien por este punto tildó al proyecto de “inconstitucional”.

En tanto, Gil Lavedra apuntó que la iniciativa “retrocede en materia de transparencia” ya que “la gente va a poder saber menos”. En este punto abundó su par Manuel Garrido, exfiscal anticorrupción, al alertar que los formularios que se deberán completar a partir de la sanción de la ley “no contienen muchos de los detalles” que se exigen completar hoy.

Laura Alonso (PRO) aprovechó para volver a reclamar por una Ley de Acceso a la Información. “Si les interesa la transparencia, que todos los empleados públicos estén obligados a presentar una declaración jurada”, añadió.

Otra de las críticas que levantó la oposición fue la supresión de la Comisión Nacional de Ética Pública, que de todos modos nunca fue constituida.

Por otra parte, Pablo Tonelli indicó que “el Poder Legislativo no puede reglamentar el acceso al Poder Judicial, porque ésta es una atribución del Consejo de la Magistratura”. En cambio, el macrista exigió “democratizar las 200 mil designaciones” de empleados en el Poder Ejecutivo que se efectuaron durante el kirchnerismo.

Patricia Bullrich (Unión por Todos) advirtió que la intención del kirchnerismo es “armar una Justicia en la medida de las necesidades circunstanciales del Gobierno”. Desde el GEN, Margarita Stolbizer sostuvo que “nada de esto mejora el acceso a la Justicia ni la hace más ágil”. “Sólo garantizan impunidad al Ejecutivo”, sentenció Liliana Parada (Unidad Popular).

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