Sin discursos para evitar privilegiar a alguno de los sectores convocantes, un sector mayoritario de la oposición realizó este mediodía un acto en Tribunales para reclamar una justicia independiente. El acto se inició puntualmente a las 12, se cantó el Himno Nacional y luego cada uno de las figuras presentes se prestó al diálogo con los medios que cubrieron el evento.

Estuvieron el jefe de Gobierno Mauricio Macri; el titular de la UCR, Mario Barletta, y el diputado Francisco de Narváez, entre otros.

Uno de los convocantes, el jefe del bloque radical de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo en referencia al paquete judicial que “los proyectos de esta envergadura necesitan un tratamiento que no se condice con la urgencia” expresada por el kirchnerismo en el tratamiento de la norma.

Tras confirmar que a diferencia de lo sucedido en el Senado, el radicalismo participaría de la reunión de comisión prevista para más tarde en la Cámara baja para tratar el tema, Gil Lavedra dijo que la oposición buscará llevar “una posición unificada de todos los bloques no kirchneristas”.

A su turno, el diputado De Narváez sostuvo que en el marco de la discusión por el paquete judicial, el Gobierno no plantea un debate, sino “un monólogo”, y usó como argumento el hecho de que el kirchnerismo hubiera anunciado la intención de no cambiar ni una coma.

Macri no dialogó con la prensa, en tanto que sí hicieron otros miembros de su bancada, como Paula Bertol, quien reclamó “que nos escuche este Gobierno, que los legisladores digan no a esta andanada contra la Justicia, no a este atropello”.

Estuvieron también la vicejefe de Gobierno, María Eugenia Vidal, y los diputados de ese sector Federico Pinedo y Gabriela Michetti, entre otros. Pinedo sostuvo que “es imprescindible mantener un estado de derecho, con jueces que sean solamente jueces de la ley y no funcionales al gobierno de turno”. A su juicio, “quieren cambiar la base del sistema democrático”, y aseguró que “la oposición unida está trabajando para impedir que el kirchnerismo elimine la justicia”.

De Narváez consideró que “esta historia de la democratización de la Justicia busca poner a los jueces de rodillas, o mirando para otro lado, mientras Lázaro Báez, y seguramente otros, pueden seguir afanando el país en nombre del modelo nacional y popular”. En este sentido, sostuvo que la intención de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es “forzar a la Justicia para garantizar la impunidad de los actos de gobierno”. “La corrupción no es un problema partidario. Hay o no hay, y tenemos que pelear para que no haya. Es corrupto quien paga una coima en la aduana y es corrupto Lázaro Báez”, agregó.

Con relación a la investigación que realizó el programa “Periodismo para todos”, De Narváez señaló en radio Mitre: “Ojalá esto sea el comienzo de un proceso que lleve a la ejemplaridad, la honestidad y la transparencia”.

También estuvieron los diputados nacionales Ricardo Alfonsín, Patricia Bullrich y Eduardo Amadeo, entre otros, el senador José Cano, como así también la diputada (MC) silvana Giudici, el dirigente Alfredo De Angeli, el legislador porteño Sergio Bergman y el ex ministro Ricardo López Murphy, para quien “la reforma de la Justicia por la naturaleza del poder que se trata, requiere un gran consenso para realizarse, un procedimiento muy escrupuloso. La iniciativa del Gobierno no cumple con ese consenso, va a generar un enfrentamiento tanto en la sociedad como en sede judicial”.

“Gobernar es crear un consenso”, remarcó López Murphy, quien remarcó que “respetar el derecho de los otros, está en el corazón de las garantías individuales. Con los problemas de denuncias, si en algo hay que ser cuidadoso es en la cuestión de la justicia”.

El secretario General del partido Coalición Cívica-ARI, Pablo Javkin, estuvo junto al presidente del bloque de diputados nacionales, Alfonso Prat-Gay, acompañados por las senadoras María Eugenia Estenssoro (CC-ARI) y Norma Morandini (FAP) y por los diputados Horacio Piemonte y Carlos Comi. Los dirigentes políticos manifestaron que “es imperioso el rechazo de estas iniciativas” y llamaron al conjunto de los sectores sociales y políticos a movilizarse públicamente, sin mezquindades y evitando la trampa de caer en especulaciones electorales frente a un proyecto que violenta la Constitución Nacional.

Todos aprovecharon para convocar a la ciudadanía a protestar contra la “democratización” de la Justicia el jueves próximo, como la diputada (MC) Cynthia Hotton, quien advirtió que “se está avasallando el último poder independiente que nos queda a los ciudadanos”, por lo cual “es muy importante la movilización del 18, tenemos que estar todos ahí, con unidad y aquí lo que se trata es de defender la democracia”.

Estuvo también la diputada del Pro Cornelia Schmidt-Liermann, quien manifestó durante el reclamo en Tribunales que “en esto se pone en juego la República”. Para Schmidt-Liermann “el Gobierno busca crear una justicia a su medida”, mientras afirmó que “con la reforma judicial va a desaparecer la garantía de la libertad para los argentinos”.

“Si queremos un país mejor tenemos que sumarnos todos a esta causa, porque sin una justicia independiente no hay futuro”, concluyó la diputada del Pro.

“Con la nueva excusa de ‘democratizar la Justicia’, el Congreso de la Nación le dará, en un trámite exprés, la suma del poder público a la presidenta”, señaló la senadora nacional María Eugenia Estenssoro. Agregó la legisladora que “tenemos que defender la independencia del Poder Judicial. Quieren someter y arrodillar a la Justicia, quieren garantizar la impunidad de un gobierno que -como salta a la vista- es el más corrupto y autoritario de los últimos 30 años. Esta reforma tiene el objetivo de someter a la justicia al poder político y garantizar impunidad cuando vemos que las coimas se pagan por kilos y en euros”.

Agregó la senadora que “primero desmantelaron el Congreso. Después fueron por la prensa independiente con la excusa de democratizar la palabra. Así, hoy, el 90% de los medios audiovisuales hoy está en manos de contratistas, concesionarios del Estado y amigos del Gobierno. Ahora van por la Justicia y la Corte Suprema: el último bastión de nuestra democracia, representativa y republicana, que aún puede poner freno a un gobierno que se cree ilimitado”.

La senadora destacó que “con los proyectos de modificación del Consejo de la Magistratura y la creación de nuevas cámaras de Casación, se busca vaciar de poder y funciones a la Corte Suprema”. Según Estenssoro “el objetivo sería lograr que el nuevo Consejo de la Magistratura kirchnerista nombre a magistrados oficialistas en las nuevas cámaras de casación para frenar todas las causas que pudieran perjudicar al Gobierno, a sus funcionarios y a empresarios amigos, evitando que lleguen a la molesta, tan molesta, Corte Suprema”.

El consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi participó del reclamo en Tribunales y sostuvo que “si no luchamos contra este atropello, el Gobierno se quedará con todo”. Allí señaló que “la democratización busca la desaparición de la Justicia como poder independiente”, indicó el representante de los abogados porteños, para luego afirmar que “con la reforma judicial no sólo dejará de existir la división de poderes sino nuestra libertad”.

En este sentido, Fargosi aseguró que “ninguno de los cambios propuestos mejora al Poder Judicial, sólo violan la Constitución y perjudican a la gente, creando una justicia injusta y sometida al poder de turno”.

“El ataque del oficialismo a la Justicia tiene como único objetivo garantizarle impunidad al gobierno”, sentenció por su parte Alfredo De Angeli, “al final, la gente es la principal perjudicada porque pierde sus derechos, su libertad de expresarse y de denunciar irregularidades”.

“La Justicia es una de las instituciones que necesita cambios pero el objetivo del oficialismo es el manejo del Poder Judicial y esta reforma tienen un único objetivo: legalizar los negociados K”, expresó el diputado tucumano Luis Sacca, tras el acto realizado en defensa de la justicia independiente. Sacca expresó que “el avance sobre la justicia intenta cercenar su independencia y pone en riesgo la República. Sin embargo, nos queda la calle y los partidos políticos de la oposición estamos haciendo este acto para respaldar a los jueces”.

Por su parte, la diputada nacional (MC) Silvana Giudici dijo que “en Tribunales estamos reclamando por una justicia independiente. Casos de corrupción que involucran a personas vinculadas al poder, como el que se conoció recientemente, nos demuestran cual es el objetivo real de la reforma. Garantizar la impunidad en la Argentina”. Agregó que “es necesario luchar contra el permanente avasallamiento de las instituciones que realiza el oficialismo desde que accedió al Poder en el 2003”.

Esta fue la declaración convocante contra “el intento de control de la Justicia por parte del Gobierno nacional”.

“Ciudadanas y ciudadanos, dirigentes políticos de todo el arco opositor, intelectuales, empresarios, líderes sociales, dirigentes sindicales y organizaciones no gubernamentales, firmamos esta Declaración de Rechazo al intento de control de la Justicia por parte del Gobierno Nacional.

Detrás del título meramente retórico de 'democratizar la justicia' se esconde un intento de suprimir la independencia de los jueces, modificando el régimen republicano que establece la Constitución, en perjuicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos argentinos.

Cuando la Presidenta decía: “Vamos por todo”, no mentía. Le toca ahora el turno al último resguardo de los derechos y garantías; la justicia.

Los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura transforman a este organismo en dependiente de mayorías circunstanciales, y persiguen la finalidad de que el gobierno pueda designar y remover a los jueces que desee, además de quitarle los recursos a la Corte Suprema de Justicia para controlarlos por otra vía.

Respecto de las cautelares, los ciudadanos quedan indefensos frente a los abusos de poder del Estado. Ello soslaya la asimetría de poder entre administración y administrado.

Con relación a las cámaras de Casación se agrega una instancia judicial más alargando los procesos en perjuicio de los ciudadanos. El ejemplo más palpable se da en los juicios de los jubilados que ya sufren por años la injusticia de demorar sus reclamos.

Al mismo tiempo, resulta paradójico que el oficialismo hable de “democratización de la Justicia” y apruebe los proyectos sin debate democrático en el Congreso.

Es que esta reforma no es para que haya una Justicia mejor, rápida y cercana a la gente, sino para ocuparla con jueces adeptos al Gobierno y preparar el terreno para la impunidad.

Es hora de actuar todos juntos con grandeza y generosidad, ya que se encuentra en juego la República y la Constitución. Cuando no hay justicia independiente no hay Constitución, no hay libertad ni hay derechos para los ciudadanos. No permitamos este atropello”.