El titular del CELS propuso ampliar los casos que permiten concretar la cautelar contra el Estado a los efectos de garantizarle protección a los “sectores más vulnerables” de la sociedad.
“No creemos que estos proyectos solucionen los problemas de la Justicia o que pongan en peligro las instituciones. Tenemos que tener un poco menos de ópera italiana y un poco más de lectura de los proyectos”, arrancó Horacio Verbitsky su exposición ante las comisiones de Justicia y Legislación General del Senado sobre el proyecto del Ejecutivo para limitar las cautelares contra el Estado nacional.
El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que de todos los proyectos de reforma judicial enviados por la Casa Rosada al Congreso, el referido a las medidas cautelares “es aquel del que hay objeciones de tipo constitucional”.
En este sentido, Verbitsky remarcó la necesidad de ampliar las excepciones que permiten concretar la cautelar contra el Estado, con el propósito de defender los derechos humanos, en particular de los “sectores más vulnerables” de la sociedad, y en sintonía con el fallo Halabi de la Corte Suprema de Justicia.
De esta manera se refirió al dictamen del oficialismo, que dispone que un juez solo podrá dictar una medida cautelar contra el Estado en caso de que se encuentre comprometida la vida, la salud o el derecho alimentario de una persona.
En cambio, el titular del CELS consideró que las excepciones deberían ser cuando se encuentren comprometidas la vida, las condiciones de vida adecuada, la salud, un derecho alimentario, la protección del medio ambiente o los derechos fundamentales, o “sobre aquellos sobre quienes existe un fuerte interés estatal en su protección como personas en situación de vulnerabilidad, trabajadores o usuarios públicos”.
Las cautelares “las hemos utilizado para la defensa de los derechos humanos. En consecuencia entendemos que (estos) no deberían ser afectados en una reforma que tienda a la democratización de la Justicia”, sostuvo Verbitsky, y aclaró que su propuesta “no afecta el propósito del proyecto pero se especifica los sectores a los cuales no deben retirarse la protección de la que ahora gozan”.
“Esto no quiere decir que para ellos se terminen los problemas. Hay problemas de acceso a la Justicia, de respuesta de la Justicia a los reclamos de estos sectores que requieren otras reformas que en el futuro esperamos que se pongan a la práctica”, agregó.
“Lo que ha habido es tal vez una redacción apurada, imprecisa, incompleta (del proyecto presidencial), pero esto (por la propuesta del CELS) no afecta la intención de la reforma. Como somos conscientes de que hay muchas presiones corporativas y de intereses económicos en impedir esta reforma, creemos que es fundamental brindar esta reforma”, concluyó Verbitsky.
