Luego de más de ocho horas de debate, el pleno de la Cámara alta aprobó el proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura, iniciativa que plantea, entre otras cosas, que el organismo encargado de seleccionar y destituir jueces pase de tener 13 a 19 miembros.

Al momento de votar, el oficialismo y sus aliados consiguieron 39 votos, superando por uno la mayoría absoluta que necesitaba. La oposición, por su parte, obtuvo 31 adhesiones, mientras que los dos ausentes fueron Carlos Menem (La Rioja) y Josefina Meabe (Corrientes).

El dictamen impulsado por el oficialismo y sus aliados también impone que los miembros del Consejo de la Magistratura deberán ser elegidos por el voto popular “en forma conjunta y simultánea” con las elecciones presidenciales.

Así las cosas, en las boletas de cada partido político figurarán tres candidatos a consejeros en representación de los jueces, tres de los abogados y seis académicos, que se agregarán a los seis legisladores que el Parlamento selecciona para el organismo y al representante del Poder Ejecutivo.

La primera elección no será en los comicios presidenciales, sino en las legislativas de octubre. Por lo tanto, hasta 2015, “la cantidad total de miembros podrá excepcionalmente exceder el número de 19 consejeros”.

Además, las resoluciones del organismo pasarán a ser por mayoría absoluta de sus miembros, en lugar de sus dos tercios actuales. Ello involucra a decisiones relacionadas a la composición de la terna de candidatos judiciales y remoción de jueces.

El debate

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador kirchnerista y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Marcelo Fuentes, quien advirtió sobre “el temor a la soberanía política, que es el voto del pueblo”, y le atribuyó esa responsabilidad a “los medios hegemónicos”.

Fuentes además destacó que “no hay un solo párrafo de la Constitución” que establezca que los representantes del Consejo de la Magistratura no puedan ser elegidos por la ciudadanía, defendiendo de tal manera la constitucionalidad de la propuesta kirchnerista.

Luego, el senador radical Ernesto Sanz aseguró en el recinto que el paquete de leyes “van a consagrar la impunidad”, ya que “el que gana se lleva la selección y destitución de los jueces”, y agregó: “El oficialismo pretende convencer con la boca mientras que en la práctica, con las manos hacen cosas totalmente diferentes. A esta altura del partido, después de tantos años y de batallas políticas, no estamos con ánimo de aceptar un convite desde la convocatoria de la boca porque estamos hartos, igual que la sociedad argentina”.

Por su parte, la senadora del peronismo disidente Liliana Negre de Alonso disparó: “Esto es un golpe de Estado constitucional”. La legisladora puntana también dijo que “es absolutamente irrazonable” la reforma en cuestión.

Al justificar su rechazo, el legislador del interbloque del Frente Amplio Progresista Luis Juez (Córdoba) manifestó: “De ninguna manera venimos a defender la corporación judicial, sino a los ciudadanos que necesitan justicia, y no es poniendo una pechera partidaria”. Además, el senador por Córdoba señaló que “en este país del revanchismo, les va a ir muy mal”, en clara referencia al oficialismo.

Otro senador radical que hizo uso de la palabra fue Eugenio “Nito” Artaza, que sostuvo que con el proyecto se concentra “el poder en una sola mano”, y resaltó: “Pensar en votar en una misma boleta al controlador y al controlado es destruir la división de poderes, politizando la justicia y eliminando los reales mecanismos de participación para instaurar unos falsos”.

También rechazó la iniciativa la senadora del peronismo disidente Sonia Escudero, quien aseveró que el proyecto “atenta contra la garantía del juez imparcial” y criticó férreamente la “eliminación de mayorías agravadas”, mientras que María Eugenia Estenssoro (FAP) expresó que el Gobierno nacional busca “reemplazar el artículo uno de la Constitución, porque estamos modificando el sistema representativo republicano”.