El pleno del Senado aprobó este jueves, con 39 votos afirmativos, la iniciativa tendiente a regular las medidas cautelares dictadas en las que el Estado o sus entes descentralizados sean parte.

La sesión especial comenzó, a las 12.58, con la presencia del Frente para la Victoria (FpV) y aliados, mientras que la oposición se sumó al recinto una vez iniciado el debate.

Al inicio de la sesión hubo gran expectativa en cuanto a las modificaciones a realizarse al dictamen original, alternativa que quedó abierta después de las críticas expuestas este martes por Horacio Verbitsky, en nombre del CELS, y los cambios sugeridos por el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. Al final, se aceptaron propuestas de los dos.

Los cambios al dictamen original

-Artículo 2:
Se propone modificar el primer párrafo del apartado 2, que quedará redactado de la siguiente manera: “La providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”.

Este cambio deberá replicarse en el apartado 3 del artículo 4; en el segundo párrafo del artículo 5; en el apartado 2 del artículo 10; en el apartado 3 –segundo párrafo- del artículo 13. Para que no haya redundancia, se planteará que en dichos artículos se haga una remisión a los enumerados en apartado 2 del segundo artículo.

Además, y en virtud de que se incorpora el derecho de naturaleza ambiental en el apartado 3 del artículo 4, se debe eliminar la referencia al ambiente en el apartado 1 –tercer párrafo- del artículo 4, que decía: “La medida interina será admisible también respecto de actividades generadoras de daño ambiental colectivo”.

-Artículo 17:
Se propone agregar un último párrafo en el artículo 17, que dirá lo siguiente: “Lo expuesto precedentemente no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación”.

El debate

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador kirchnerista y titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Pedro Guastavino (Entre Ríos), quien aseguró que “ningún ciudadano será perjudicado” con la iniciativa, y dejó en claro que las excepciones tendrán lugar cuando la cautelar esté referida a “sectores socialmente vulnerables” o cuando se encuentren “comprometida la vida digna”, la salud, un “derecho de naturaleza alimentaria” o de “naturaleza ambiental”.

Desde el radicalismo, el formoseño Luis Naidenoff destacó: “Más allá del mentado discurso de la lucha contra las corporaciones o que hay cautelares que dilatan decisiones del Estado, los mayores perjudicados son los ciudadanos; particularmente, los sectores más vulnerables”-

Por su parte, el legislador del Frente Amplio Progresista (FAP) Luis Juez señaló que la iniciativa “no tiene nada de nacional y progresista”, y que se está “castigando al ciudadano”.

Las senadoras del interbloque del peronismo disidente Sonia Escudero (Salta) y Liliana Negre de Alonso (San Luis) rechazaron rotundamente el proyecto. La primera manifestó que con la iniciativa, la sociedad tendrá “una nueva causa de incertidumbre en un país que va perdiendo seguridad jurídica”, mientras que la segunda resaltó: “La cautelar es la garantía de las garantías, eso estamos regulando en contra de ciudadanos”.

Otro de los senadores radicales que rechazó el proyecto en el recinto fue el correntino Eugenio “Nito” Artaza, que expresó: “Estamos de acuerdo en que es necesario regular las cautelares porque nos oponemos a quienes hacen negocios con las cautelares, pero tenemos que estar muy atentos para no perjudicar a los ciudadanos, porque nosotros tenemos que defender sus derechos”.

Luego, el legislador del Frente para la Victoria (FpV) Marcelo Guinle (Chubut) aseveró que las medidas cautelares “deben ser reguladas”, y agregó: “Espero que nos pongamos a trabajar en el Código Contencioso Administrativo para permitir un abordaje mucho más amplio, de una materia que realmente lo necesita”.

Desde la oposición también hizo uso de la palabra la senadora radical Laura Montero, que disparó: “La degradación institucional que se está viendo en este país está cercenando las oportunidades de futuro de millones de argentinos. Estas leyes son un testimonio exacto de esto que está pasando”.

Por Nuevo Encuentro –aliado al oficialismo en la Cámara alta- expuso Osvaldo López (Tierra del Fuego), quien sostuvo: “Nos tratan de colocar a algunos sectores políticos como quienes atentamos contra los derechos de un sector tan vulnerable como es el de los jubilados, cuando en realidad, en estos tiempos de recuperación del Estado y de conquistas y derechos básicos, los jubilados han recuperado el salario que habían perdido durante el gobierno radical”.

El legislador fueguino además indicó que “el cambio es fundamental para que no queden dudas de que no se trata de vedar el acceso a la Justicia al pueblo, que es el destinatario cotidiano de las políticas de Estado de nuestro gobierno”.

La peronista disidente Graciela Di Perna, por su parte, consideró que la iniciativa “va a contramano no sólo de la Constitución, sino también de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos”, y afirmó que “deja sin protección a muchos argentinos porque hace un proceso judicial más largo y costoso”.

Antes que cerraran el debate los jefes de bloque, el senador radical Gerardo Morales (Jujuy) dijo que “el proyecto de regulación de las medidas cautelares propuesto por el Poder Ejecutivo, en el paquete de partidización y control de la Justicia, realmente vulnera los derechos de los ciudadanos y genera un status de indemnidad al Estado”, mientras que desde el FpV, Aníbal Fernández (Buenos Aires) aseguró: “Esta medida no es la solución definitiva ni la verdad revelada, pero algún rumbo hay que tomar para ir penetrando en excesos de la justicia cautelar”.