Reforma del Código Civil e impacto en comunidades originarias

En la Semana del Aborigen, los legisladores radicales organizaron una Audiencia Pública en la que analizaron las problemáticas del sector.

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, presentó cinco proyectos relacionados con los pueblos indígenas, que expuso este jueves en la Audiencia Pública que organizó la diputada nacional Patricia De Ferrari (UCR–Córdoba), que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación, ante dirigentes de distintas comunidades de pueblos originarios del país en la que se abordó la reforma del Código Civil y el impacto para las comunidades originarias de la nueva ley.

Dos proyectos son de resolución, y los tres restantes de ley. En el primero se solicita al presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, que informe sobre las solicitudes de autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual relacionadas con Pueblos Originarios. “Al día de hoy, es muy difícil saber cuál es la situación en la que se encuentran, y cuál es el estado de ejecución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en este punto”, señaló Gil Lavedra.

Recordó que en octubre la Junta Indígena emitió un comunicado en el que denunció que se habrían entregado a organizaciones políticas autorizaciones o licencias originalmente destinadas a pueblos originarios. En diciembre de ese mismo año, un medio de comunicación apuntó que las solicitudes en trámite en el AFSCA “no corresponden a comunidades sino a organizaciones territoriales con participación indígena (…) anotadas en un registro ad hoc creado en 2010”.

Gil Lavedra, consideró que estas denuncias públicas “generan una profunda incertidumbre sobre la situación actual de las autorizaciones a servicios de radiodifusión de pueblos originarios, y que de tener algún atisbo de seriedad en sus manifestaciones, estarían descubriendo una situación muy grave y profundamente contraria a los fundamentos más íntimos de la ley 26.522 defendidos con tanto ahínco”.

El segundo proyecto de resolución solicita a Daniel Fernández, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que informe sobre lo actuado en el marco del Programa Nacional de “Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Ejecución de la Ley 26.160- Resolución 587/07 INAI)”, ya que, “a casi 7 años de la sanción de la ley, la realidad muestra que aquella deuda que tanto nuestro poder constituyente (en la reforma de 1994) como nuestro poder constituido (con la ley 26.160 en 2006) reconocieron como inadmisible e injustificable, lejos está de ser saldada en beneficio de las comunidades originarias”, señaló Gil Lavedra.

Recordó dos aspectos que signan esta realidad: uno, “la aparente falta de un avance contundente en los relevamientos de las distintas comunidades indígenas”; y el segundo, “la abierta y flagrante violación del artículo 2 de la ley 26.160 que suspende todos los actos procesales tendientes al desalojo de estas comunidades”.

El primer proyecto de ley incorpora al artículo quinto de la Ley 23.302 la descripción del perfil que debería tener el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el proceso para su designación. La iniciativa hace hincapié en la promesa del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, de “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, pero que, al día de hoy, se encuentra incumplida, denunció Gil Lavedra. Así, el proyecto propone que la designación del titular del INAI sea llevada a cabo en el Senado y frente a una audiencia pública.

El segundo proyecto de ley establece una prórroga para la Ley de Comunidades Indígenas que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, dado que todavía no ha cumplido cabalmente sus objetivos.

El tercer proyecto es la Ley Marco de Consulta a los Pueblos Indígenas. En esta iniciativa se desarrollan los contenidos, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos originarios respecto de las medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente.

Gil Lavedra destacó que “la audiencia que se realizó en marzo del 2012 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a la explotación de boro y litio en la provincia de Jujuy dejó en evidencia que, sin perjuicio (…) de los varios compromisos internacionales asumidos por la Nación respecto de la participación de los pueblos indígenas en la gestión de sus recursos naturales, es incierta todavía la vigencia efectiva de sus derechos y, en especial, del ejercicio del derecho de consulta”.

Acompañan en sus iniciativas a Gil Lavedra, los diputados de la UCR Manuel Garrido, Enrique Vaquié, Pablo Orsolini, Ricardo Alfonsín, Miguel Bazze, Eduardo Costa, Patricia De Ferrari, Victoria Donda Pérez (Libres del Sur) y Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad).

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