– ¿Por qué sostiene que la gente “va a saber menos” sobre los funcionarios, legisladores y jueces?

– Yo traté de exhibir los formularios en la discusión en comisión. Los formularios que están actualmente vigentes exigen información bastante detallada sobre los inmuebles que tiene cada funcionario, tiene que detallar también la nómina de bienes muebles registrables, tiene que agregar información de su conviviente o cónyuge, tiene que indicar las distintas sociedades en las que tiene acciones, quiénes son sus acreedores y quiénes son sus deudores, también datos sobre tarjetas de crédito. En general, tiene que indicar información con mucho más nivel de detalle que la información que aparece en alguno de los dos formularios principales de la AFIP, que además se guían por ciertos criterios en materia de amortizaciones y demás que son distintos de los que piden los formularios que actualmente están vigentes.

– Se recorta transparencia, ¿entonces?

– El formulario de la AFIP establece la evaluación global; por ejemplo, no hay una distinción de cuántos automotores tiene, sino el valor global de esos automotores. Lo mismo con los depósitos en dinero, cuáles son los bienes registrables, la participación societaria… es decir, tienen mucha menos información que la que hoy aparece en las declaraciones juradas, con lo cual esta información -que se dice que se va a ampliar para que la controle la gente, ya que se va a poder ver en Internet- no va a permitir ningún control profundo, porque lo que se toma en cuenta es solamente los valores globales patrimoniales, o sea cuál es el patrimonio neto al comienzo y al fin del ejercicio, pero la información detallada que uno aporta a la AFIP no figura en el formulario, sino que figura en los llamados “papeles de trabajo”, que van a estar reservados, no va a haber acceso a esos papeles. O sea que en la práctica, en la realidad, va a haber mucha menos publicidad a partir de la entrada en vigencia de la ley, que la que existe hoy, porque se va a tener acceso solamente a información superficial. Hoy, si bien hay que hacer todo un trámite lento para acceder a las declaraciones juradas, es una información mucho más detallada que la que se va a tener con el formulario de la AFIP.

– En el debate, varios diputados de la oposición rechazaron que sea la Oficina Anticorrupción la que controle el proceso. Como ex fiscal de esta agencia, ¿qué opina? ¿Cómo se accede hoy a las declaraciones juradas?

– Varía según el poder. Cuando nosotros armamos la Oficina Anticorrupción, en el Poder Ejecutivo en el 2000, establecimos un sistema muy rápido, en donde se puede pedir la declaración jurada inclusive por Internet, y se obtiene a lo sumo en 48 horas. Ese sistema se ha mantenido. Hay que reconocer que el Poder Ejecutivo, los distintos presidentes que han pasado, no han cambiado eso, o sea el control de las declaraciones juradas en la Oficina Anticorrupción es una de las pocas políticas públicas anticorrupción que se ha mantenido. Sin embargo, en los demás poderes no pasa lo mismo. En el Congreso, si se pide una declaración jurada, hay que atravesar un trámite larguísimo y engorroso. Si bien al final se obtiene la copia, lleva mucho tiempo. La verdad que eso depende de múltiples factores, habría que preguntarle a quienes hayan pedido una declaración jurada de algún legislador cuánto tiempo tardaron en dársela. Lo mismo en el Ministerio Público, donde hay también todo un trámite muy complicado. Es cierto que, en la práctica, los poderes son reticentes a dar esa información, pero después de insistir uno puede obtener una copia. Pero que se publique un funcionario mucho más superficial en Internet no significa mejorar el acceso, se está diciendo una verdad a medias.