“Si queremos reformar el Poder Judicial para hacerlo más democrático me pareció oportuno sumar dos propuestas concretas al debate: una para ampliar un derecho y garantía constitucional como lo es el recurso de amparo y la otra para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundamente el porqué del rechazo de los recursos extraordinarios y en queja, ya que como parte integrante del Estado Constitucional de Derecho tiene la misma obligación que cualquier funcionario público de dar las razones que sostengan sus decisiones”, dijo la diputada Alicia Comelli al explicar dos proyectos que tienen por fin ampliar la discusión en torno a la “democratización de la Justicia” que continuará esta semana en la Cámara baja.

“De las propias estadísticas de la Corte Suprema se desprende que entre 2002 y 2011, el máximo tribunal rechazó 46,40 por ciento de los recursos extraordinarios interpuestos sin dar una sola explicación de sus actos, es decir basando los mismos en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuya única finalidad es justamente permitir esta arbitrariedad”, dijo Comelli y agregó que “de un total de 55.730 sentencias por medio de recursos extraordinarios, hubo 25.863 resueltos sin fundamentos de ningún tipo”.

La diputada opinó que “como se ve claramente, el artículo 280 conduce a prácticas arbitrarias, pues la disposición legal pone en cabeza de la Corte Suprema la posibilidad de decidir casos sin argumentación alguna”. Pero además en sus fundamentos sostuvo que “este estado de injustica se potencia con el hecho de que la CSJN no tiene plazo para resolver los casos que son sometidos a su jurisdicción, dos beneficios que no tienen los demás estamentos judiciales que si deben dar sus razones en plazos establecidos en el CPCCN”.

Por otra parte, la diputada presentó también dos importantes modificaciones a la Ley 16.986 que regula la acción de amparo, derecho y garantía constitucional a partir de la reforma del 94. La iniciativa contempla la ampliación del alcance del recurso ya que establece su aplicación -además de para salvaguardar los derechos y garantías de la Constitución, como hasta ahora,- para los instrumentos de protección internacional de los derechos humanos. También aclara que la acción se podrá interponer frente a cualquier forma de discriminación, para la protección del derecho al ambiente sano y equilibrado tutelado por el artículo 41 de la Constitución Nacional y en lo relativo a los derechos que protegen la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.

Comelli propuso también algunas cambios en cuanto a la competencia y aplicación del mismo de manera de salvaguardar al máximo posible la voluntad del mandato constitucional como los criterios para declararlos inadmisibles y el impedimento administrativo entre otras especificaciones.