Los diputados provinciales del FAP Alfredo Lazzeretti y Pablo Farías, junto a sus asesores Alberto Rodríguez, especialista en Derecho Penal, y Martín Carrasco, cuestionaron la iniciativa propulsada por el Ejecutivo local en torno a la creación de una Policía Municipal.

Al respecto, manifestaron que “para ser viable cualquier proyecto de Policía Municipal, es necesaria una reforma de la actual legislación provincial referente a esta temática. Por esta razón, se encuentran presentados diversos proyectos en la Legislatura: uno por parte del Ejecutivo provincial, y varios otros por parte del arco opositor. Los mismos fueron ingresados en el primer cuatrimestre del 2012, y por decisión del Frente para la Victoria, no han tenido tratamiento legislativo. Sí lo tuvo en cambio, la Policía Judicial, cuyo proyecto fuera ingresado en conjunto por el oficialismo al de la Policía Municipal.

Más adelante destacaron que “la Provincia es quien detenta el monopolio del uso de la fuerza. La actual legislación provincial no permite que ningún intendente organice cuerpos policiales armados por cuenta propia. La Ley Provincial de Organización Policial (Ley 13842) establece en su artículo 56 que las Policías de Seguridad Comunal actuarán en los Municipios que cuenten con hasta 70.000 habitantes, aunque está previsto para situaciones excepcionales la inclusión de algún municipio que no cumpla con dicha regulación. Resulta oportuno recordar una obviedad. En el ámbito del Derecho Público, el principio general indica que “Todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido”.

Recordemos que la Policía Bonaerense actualmente está integrada por una planta de efectivos permanente de más de 65.000 mujeres y hombres, y de acuerdo con el último Presupuesto, el Ministerio de Seguridad cuenta con una asignación de recursos de 13.496 millones de pesos, lo que representa el 10% del total de gastos. Por este motivo, Lazzeretti y Farías entienden que “para concretar una Policía Municipal es imprescindible, esencial, que la misma se conforme a partir de transferir el personal policial correspondiente así como la asignación presupuestaria provincial destinada a las fuerzas de seguridad”.

“La iniciativa impulsada por el intendente Pulti carece de sustento jurídico y presupuestario al tratar de organizar una fuerza de seguridad municipal armada, financiada y jerárquicamente institucionalizada desde el municipio, sin la modificación del marco legal vigente y la posterior transferencia de las partidas presupuestarias –afirman los legisladores-. Se están creando falsas expectativas, frente a una ciudadanía que requiere respuestas serias y viables a los problemas de seguridad. Imaginemos por un minuto lo que sería la provincia de Buenos Aires si cada uno de los 135 intendentes quisiera crear, de buenas a primeras, su propia policía. ¿En base a qué marco legal, que lo autorice expresamente? ¿Cómo se financiaría? ¿De dónde saldrían los recursos, tanto humanos como materiales?”.

Como legisladores provinciales del Frente Amplio Progresista, Lazzeretti y Farías dijeron estar dispuestos a acompañar la discusión referente a la Policía Municipal en el ámbito que corresponde, es decir la Legislatura provincial, “cuando el bloque del FpV se decida a debatir los problemas que le importan a la gente y no la interna entre Cristina y Scioli”.