El oficialismo avaló las modificaciones al Consejo de la Magistratura, la creación de tres nuevas cámaras de Casación y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado. A pedido de camaristas, el primer proyecto fue alterado y la Corte Suprema conservará las facultades presupuestarias que se le otorgaban al órgano en cuestión. El pleno de la oposición ratificó su rechazo.
Un paso clave logró este martes el Frente para la Victoria, al firmar los tres dictámenes más polémicos sobre la reforma judicial: los cambios en el Consejo de la Magistratura, la creación de tres nuevas cámaras de casación y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado.
Los proyectos fueron avalados en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, en el que expusieron el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario del área, Julián Álvarez.
Sin embargo, sorpresivamente, el oficialismo introdujo una serie de cambios al texto original sobre el Consejo de la Magistratura, que apuntan a restarle facultades presupuestarias y administrativas y devolvérselas a la Corte Suprema de Justicia.
Las modificaciones obedecieron a un reclamo de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país, acercado a la Presidencia de la Cámara baja por el mismo presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y su segunda, Elena Highton de Nolasco.
En la carta, los jueces rechazaban la reforma judicial por considerar que “produciría una paralización del Poder Judicial de la Nación, con las negativas consecuencias que esa situación acarrearía, trasladándose a los ciudadanos”.
Por eso, el Frente para la Victoria aceptó que sea la Corte -como cabeza del Poder Judicial- la encargada de administrar el presupuesto, la política salarial y los concursos del personal del órgano que designa y remueve jueces.
“El Consejo de la Magistratura –con su actual integración y mucho más con la futura- posee una estructura típicamente parlamentaria alejada de la agilidad y celeridad que requiere la tarea ejecutiva”, alertaban desde el sector judicial.
Más aún, el nuevo texto indica que el Consejo de la Magistratura gozará de los recursos que le asigne la ley de Presupuesto y la ley de Administración Financiera.
Los cambios tomaron por sorpresa a la oposición, que insistió con la “inconstitucionalidad” de esta iniciativa por la nueva composición del órgano, y cargaron contra la “politización” del Poder Judicial y el nuevo régimen de mayoría absoluta para la toma de decisiones.
“Es un retroceso gravísimo en términos de independencia judicial”, lamentó el presidente del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, quien negó que exista “equilibrio” con la nueva integración del Consejo.
Sin embargo, muchos se mostraron escépticos con los cambios sugeridos por el oficialismo. “Vaya a saberse qué hay detrás de todo esto”, dudó Liliana Parada (Unidad Popular).
Más dura, Elisa Carrió (CC-ARI) denunció un “pacto” entre Ricardo Lorenzetti y la presidenta Cristina Fernández: “Le da el manejo del dinero, del presupuesto y del personal, aún más allá de lo que dice la Constitución. Ayer le sacaban todo y hoy le dan todo”, lanzó.
El riojano Jorge Yoma le bajó el tono y desestimó que exista tal acuerdo, aunque mantuvo su postura y firmó en soledad un dictamen de rechazo para cada proyecto, al opinar que “mantienen en su letra el sesgo autoritario e inconstitucional”.
En tanto, el peronista disidente Gustavo Ferrari le respondió al ministro Alak y sostuvo que “el Poder Judicial es contramayoritario porque garantiza la igualdad ante la ley”. “Creemos en una Justicia con independencia y en una democracia con República”, sintetizó.
Añadió el macrista Pablo Tonelli que “no es lógico que los jueces hagan campaña con un partido político” y que, del mismo modo, “los abogados van a responder a ese partido político, no a los abogados que supuestamente representan según la Constitución”.
La oposición también rechazó el proyecto que crea tres nuevas cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, del Trabajo y la Seguridad Social y en lo Civil y Comercial. “Es una vergüenza que digan que es para aligerar, y esto no alivia a la Corte, porque el acceso a la Corte va a ser siempre posible”, explicó Gil Lavedra.
Tampoco faltaron las críticas a las restricciones a las medidas cautelares. El proyecto dispone que un juez sólo podrá dictar una cautelar si es competente en la causa. Caso contrario, podrá tomar una medida unilateral sin escuchar al Estado cuando se encuentre comprometida la vida, la salud, el derecho alimentario o el medio ambiente, o también cuando el tema afecte a “sectores socialmente vulnerables”.
Además, el proyecto establece que las medidas cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo, pero que se podrán extender por seis meses siempre que resulte “procesalmente indispensable”.
En tanto, el Estado no podrá interponer este recurso cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia.
