En una votación ajustada, el Frente para la Victoria consiguió aprobar el proyecto más resistido por la oposición. El debate, marcado por acusaciones cruzadas, se extendió durante casi 18 horas, en un clima caldeado, bajo presión en las afueras del Congreso y con polémica en el final. La iniciativa sería sancionada el 8 de mayo.
Tras un debate picante plagado de chicanas y cruces, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró aprobar y girar al Senado la iniciativa más polémica de la reforma judicial: la que modifica la composición y la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.
Sin sobresaltos para conseguir el quórum, el Frente para la Victoria reunió junto a bloques aliados 130 votos positivos –apenas uno más de los requeridos por la Constitución- para avalar la norma, que espera ahora por su sanción en el Senado. Fue una puja voto a voto y el final no estuvo exento de polémicas.
Una impotente oposición no logró dar curso a los reclamos de inconstitucionalidad y vulneración de la República que supondría la ley. Los votos en contra fueron 123, por parte de la UCR, el Frente Peronista, el PRO, el FAP, la CC-ARI, Proyecto Sur y bloques unipersonales.
A ellos se sumaron Facundo Moyano, Omar Plaini, Jorge Yoma, Mabel Müller y Blanca Blanco de Peralta, del Frente para la Victoria. También lo hicieron aliados habituales del oficilismo: Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino) y Mariana Veaute (Frente Cívico Catamarca).
Los únicos ausentes fueron la ex ARI Marcela Rodríguez, el massista Alberto Roberti, Jorge Valinotto del FAP y Martín Sabbatella, de licencia.
La jornada maratónica, que comenzó al mediodía y culminó entrada de madrugada, estuvo atravesada por un clima de tensión puertas afuera del Palacio Legislativo. La CGT y la CTA opositoras se movilizaron junto al gremio de trabajadores judiciales y los referentes opositores instalaron una carpa por una Justicia “independiente”.
El proyecto será convertido en ley, en principio, el 8 de mayo, de acuerdo a los planes del Senado y a los tiempos electorales que se acortan, ya que los candidatos a consejeros deberán acompañar las listas de los partidos y alianzas políticas para las elecciones primarias.
La sanción se demoró por una serie de cambios que el mismo kirchnerismo impulsó a pedido de la Corte Suprema, que conservará las facultades presupuestarias y administrativas sobre el personal del órgano que designa y remueve jueces.
La cívica Elisa Carrió no dejó pasar la oportunidad y habló de un “pacto espurio” entre el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta Cristina Fernández, a quien acusó de “darle la caja y más de lo que dice la Constitución” para que el magistrado “le devuelva la sentencia”.
La denuncia generó gran impacto, aunque no fue la única que formuló la oposición. Tampoco faltaron quejas por otra de las novedades de la futura ley: los candidatos a consejeros deberán pertenecer al mismo partido o alianza en al menos 18 distritos -y no en los 24- por única vez este año.
De todas formas, el rechazo se encolumnó tras la “politización” de la Justicia, la nueva composición del Consejo -que será favorable al partido de gobierno- y el nuevo régimen de mayoría requerida para la toma de decisiones.
“El corazón del proyecto es la partidización de la Justicia, que los jueces no respondan a la ley sino al partido, y que terminen siendo soldados de Cristina o del pingüino”, reprochó Patricia Bullrich (Unión por Todos).
En cambio, el oficialismo defendió la propuesta bajo el rótulo de la “democratización” de este poder. “Queremos a nuestro pueblo, démosle todas las oportunidades de votar que legítimamente se merece”, sostuvo la ultra K Diana Conti al abrir el debate.
El presidente del bloque, Agustín Rossi, alertó que “no podemos negar los rasgos corporativos que tiene el Poder Judicial” y cargó contra la campaña que un grupo de ONGs encabezaron sobre algunos diputados para que se pronuncien por la negativa.
“¡Generan un clima tan horrible que son profetas del odio, correos de malas noticias! ¡Tienen que dedicarse a construir una propuesta política en base al amor, el respeto y la paz! ¡Dejen de agredir, de insultar, de descalificar!”, exclamó en medio de la euforia.
Como representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, Carlos “Cuto” Moreno denunció con nombre y apellido a los jueces “partidarios”: “Todos sabemos que (Daniel) Ostropolsky es militante del radicalismo. Sobre Alejandro Fargosi, otro consejero, dijo que “es un activo militante del Pro”, en tanto que el doctor Ricardo Recondo, alertó, “se jacta de ser exfuncionario radical”.
Otro consejero, el radical Oscar Aguad, fue uno de los más ácidos al recordar la marcha del 18A: “No los vi en la calle, le tienen miedo al pueblo. Al único pueblo que no le tienen miedo es al pueblo que viene con choripanes y con dádivas. Junten un millón de personas. Eso es el peronismo, ustedes no son peronistas”, lanzó en medio de un clima alborotado.
Varias horas después, su par en el Consejo de la Magistratura Stella Maris Córdoba (FpV) recogió el guante: “(Aguad) tiene 600 millones de razones para bancar a las corporaciones. Prefiero mil veces comerme un chorizan con los compañeros que bajan del colectivo antes que sacarme una foto tomando champán con (Benjamín) Menéndez”, lanzó.
Ricardo Gil Lavedra encabezó la posición del radicalismo y sostuvo que “no ha habido (por parte del oficialismo) ninguna mención a la República, porque no creen en ella, ni al valor normativo de la Constitución, porque piensan que debe sujetarse al poder”.
“La soberanía popular no se manifiesta partidizando el Consejo de la Magistratura”, agregó Liliana Parada, de Unidad Popular, quien opinó que “este gobierno está traicionando al pueblo” ya que “bajo un ropaje progresista, las últimas reformas son un retroceso en derechos y en democracia, sólo son comparables a las normas dictadas en la década menemista”.
Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) recalcó que este proyecto “no viene a favorecer el acceso de los pobres y los marginados a la Justicia y los Tribunales”. Por el GEN, Margarita Stolbizer sumó su rechazo: “No dejamos de salir del asombro de la arremetida oficialista para definir en días, casi en horas, una reforma tan estructural, tan profunda, que a nuestro juicio se lleva puesto parte de nuestro sistema institucional”, disparó.
En tanto, el riojano Jorge Yoma planteó que con la futura ley “deja de haber representación equilibrada” en el Consejo y que “se pone en riesgo la estabilidad de los magistrados y la libertad de conciencia de los jueces”. “Hacen una manipulación del término ‘democratización’ para ejercer la domesticación del Poder Judicial”, sostuvo.
La macrista Laura Alonso fue más allá y tildó a los legisladores kirchneristas de “traidores a la Patria”. Carlos Heller (Nuevo Encuentro) contraatacó: “Traidores a la Patria son los que entregaron el patrimonio nacional, los que defienden los intereses del mercado sobre los intereses de la ciudadanía”.
