En las últimas semanas, los teléfonos de Félix Loñ no pararon de sonar. El abogado constitucionalista es uno de los más consultados sobre la letra chica de la reforma judicial que el Gobierno impulsó y cuyo eje central el Congreso está por ratificar. En el Senado, su voz se hizo oír durante una audiencia organizada por la senadora Liliana Negre de Alonso: “Lo que está imperando es el rencor y la venganza contra los jueces. El rencor y la venganza nunca buscan consenso, sino que buscan imponerse”, sentenció.
En el marco de la discusión por los futuros cambios en el Consejo de la Magistratura, la iniciativa más polémica del paquete legal, Loñ se sumó a la idea de que “está en juego la supervivencia de la República” y que “se está generando una concentración de poder insoportable”.

Tras una discusión a la que el Parlamento dedicó apenas un mes, Loñ dialogó con Semanario Parlamentario sobre la composición del Consejo a lo largo del tiempo y, en ese marco, no duda en sostener que el proyecto ideado por Cristina Fernández de Kirchner “es inconstitucional desde la primera letra hasta la última”.
“En el Frente para la Victoria son traidores a la Patria”, lanzó.

En busca del equilibrio

Establecido en la reforma constitucional de 1994, el Consejo de la Magistratura como órgano que designa y remueve jueces fue equitativo en su origen. “La primera ley orgánica del Consejo, la 24.937 -analiza Loñ- estableció un exacto equilibrio en la representación de los distintos segmentos que lo integraban”, y así “cumplió exactamente con el mandato constitucional”.

De los 20 miembros primitivos, nueve eran del segmento político: ocho legisladores (cuatro por el oficialismo y dos por la primera y segunda minoría), más un representante del Poder Ejecutivo. Los jueces eran cuatro, así como los abogados, y eran elegidos por sus pares. Completaba la nómina un académico o científico, seleccionado por el Consejo Interuniversitario Nacional. El organismo era presidido por el presidente de la Corte Suprema. “Ninguno podía imponer por sí solo su decisión”, explica Loñ.

“Este equilibrio se quiebra en 2006”, lamenta el constitucionalista. “Bajo el pretexto, levantado por la misma Cristina Kirchner, de que era muy burocrático y tenía un costo muy elevado de mantenimiento para justificar la reelección de sus miembros, de 20 quedaron en 13”, indica. Del segmento político, los integrantes pasaron a ser siete, de los cuales nada menos que cinco pertenecían al oficialismo -dos diputados, dos senadores y el representante del PEN- . A la oposición -sólo a la primera minoría- pasó a corresponderle un diputado y un senador. El académico se mantuvo, los jueces se redujeron a tres y los abogados, a dos. O sea que, concluye Loñ, “sin la conformidad del oficialismo no se podía decidir la terna de jueces ni el juicio político”. Las decisiones se tomaban por mayoría especial, es decir, los dos tercios de los miembros.

Paradójicamente, el kirchnerismo volvió a impulsar el aumento de miembros, ahora a 19. Como ya es conocido, el Consejo pasará a estar integrado por 19 miembros, todos elegidos por el pueblo de la Nación en las primarias venideras. Serán tres jueces nacionales y dos abogados con matrícula federal -en ambos casos, dos por la lista que resulte ganadora por mayoría simple y uno por la que resulte en segundo lugar-; seis representantes de académicos -cuatro por la lista que resulte ganadora por mayoría simple y dos por la que resulte en segundo lugar-; y seis legisladores nacionales -tres por cada cámara, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría-; y un representante del Poder Ejecutivo. No hay que hacer demasiadas cuentas para notar que el partido político que se imponga en las próximas elecciones obtendrá 13 miembros, con lo que se alzará con la mayoría absoluta -la mitad más uno- requerida ahora para el nombramiento y remoción de magistrados.

El fundamento constitucional

Para Loñ, el flamante proyecto “significa la demolición del Poder Judicial, no la democratización”. Explica el abogado que uno de los objetivos del artículo 114 de nuestra Carta Magna, planteado en el segundo párrafo, era justamente “afianzar la independencia” de la Justicia. “Allí la expresión clara es el equilibrio. Con respecto a los jueces, los abogados y los académicos, no dice que tienen que ser electos por el voto popular. Los únicos que deben representar la voluntad popular son los órganos políticos. Está bien que esté representado el segmento político, pero los jueces y los abogados son elegidos por sus pares, y los académicos por las universidades”, explica Loñ.

Muy crítico, sostiene que “desde que comenzó el kirchnerismo que las iniciativas que enviaba el Ejecutivo al Congreso no podían ser modificadas” y “la oposición no podía hacer aportes o sugerencias porque ‘no eran aceptables’”. El entrevistado coincide con una expresión acuñada por la oposición en este sentido, que “el Congreso se transformó en una escribanía”, y ahora lamenta que “el Poder Judicial se convierta en un apéndice del Gobierno, violando otro artículo de la Constitución nacional -el 109- que dice que el presidente en ningún caso podrá ejercer funciones judiciales”. Más aún, alerta que “le están concediendo al Poder Ejecutivo la suma del poder público”, prohibida por el artículo 29. En síntesis, concluye Loñ, “la finalidad de democratizar es un relato, ya que se asegura la domesticación de la Justicia y el vínculo político se impone decisivamente”.

¿Y ahora?

Si bien la sanción de la reforma del Consejo de la Magistratura quedó postergada crece más por la modificación introducida en la Cámara baja, se abre un interrogante posterior a la ley: qué pasará en el camino hacia la fecha de las PASO, el 11 de agosto. Según el calendario electoral, el 12 de junio es la fecha límite para la conformación de las listas de los partidos y alianzas políticas, que deberán incluir a los candidatos a consejeros. Sin embargo, no sería de extrañar que empiecen a llover amparos en la Justicia. La Asociación de Magistrados, por caso, va a presentar una demanda contra el Estado por la “inconstitucionalidad” de la ley, según indicó Loñ. Es ahí donde podría presentarse un gran obstáculo para el Gobierno, que buscará con uñas dientes tener la ley vigente para los comicios legislativos. En ese caso, un juez de primera instancia deberá fallar, y, si da curso a las denuncias, el Gobierno podría llevar la cuestión a la Corte Suprema a través de un arma de doble filo: el per saltum. ¿Qué pasaría entonces? “La Corte ya dijo que ellos van a defender la Constitución. No hace falta que digan nada más”, apunta Loñ.