Un fiscal hizo lugar a la denuncia de un senador contra Gils Carbó

Guillermo Marijuan imputó a la procuradora general de la Nación en la causa por supuestos nombramientos irregulares de fiscales que impulsó Mario Cimadevilla.

El senador nacional radical y miembro del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla presentó el martes a las 7.30 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 7 de Comodoro Py una denuncia penal contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y por la designación ilegal de fiscales (art. 253).

La causa, con el N° 3347/13, había quedado a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, quien hizo lugar a la misma e imputó a la procuradora general. La causa, en tanto, está a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

La presentación hecha por el legislador radical señala que “la procuradora General de la Nación ha violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal y ha procedido manu militari -por sí y ante sí- a la designación de sujetos que, sin concurso de antecedentes y oposición previo y sin acuerdo senatorial, nomina “magistrados” (fiscales Generales Adjuntos, fiscales federales, fiscales, fiscales auxiliares) con el aditamento -en algunos casos- de ‘subrogante’, atribuyéndoles, ilegalmente, las potestades, facultades y derechos que, respecto de los magistrados regularmente nombrados, consagra la Ley del Ministerio Público”.

“Ha estableciendo, además, categorías no previstas por la ley (fiscales “ad hoc”). Con ello afecta los derechos e intereses de los designados regularmente y expone a la actuación del Ministerio Público Fiscal cumplida por aquéllos (y la desarrollada en consecuencia por el Poder Judicial de la Nación) a la tacha de nulidad en los términos de lo dispuesto en el art. 167 del Código Procesal Penal de la Nación”, agrega la presentación de Cimadevilla.

El senador asegura que “la procuradora General de la Nación ha desconocido, con una actuación ilegal y abusiva de las potestades que le confiere el art. 33 de la Ley de Ministerio Público, las facultades reservadas al Congreso de la Nación. Mediante la Resolución PGN No. 915/2012, la Sra. Procuradora General de la Nación “habilita” (es decir, crea) cargos de magistrados del Ministerio Público Fiscal y nombra a sujetos que no han cumplido los requisitos legales para acceder a la designación y al ejercicio de las funciones propias del cargo. Para hacerlo, en pleno conocimiento de la irregularidad y tratando de encubrir la maniobra, la señora procuradora General de la Nación recurre a la expresión ‘subrogante’”.

“Con esta maniobra se designa al doctor Carlos Gonella, que no tiene acuerdo del Senado de la Nación (art. 5º de la LOMP), ni se halla alcanzado por la previsión del art. 70º de la ley 24.946. La irregularidad –por ilegalidad- de la actuación de la Sra. Procuradora General de la Nación se exhibe con clara evidencia si se advierte que se ha desplazado de sus funciones a magistrados del Ministerio Público regularmente designados sustituyendo su actuación por sujetos no habilitados legalmente para el ejercicio del cargo. Con este proceder, pone en serio riesgo la validez del proceso de juzgamiento de los imputados de delitos de lavado de dinero”, fundamentó.

“La burda maniobra pone en evidencia el autoritarismo con el que la señora procuradora General de la Nación se conduce, desconociendo y despreciando todo límite constitucional y legal a sus deseos e intenciones, que no son otros que la creación de una estructura ilegal paralela al Ministerio Público Fiscal existente (integrado por magistrados constitucional y legalmente designados), que le permita, mediante la actuación de un grupo de “incondicionales” (en la media en que carecen de las garantías de independencia y estabilidad que confiere la magistratura) la concreción de objetivos –por obscuros- inconfesables que nada tienen que ver con la función de velar por la “… defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad …” que la Constitución y la ley ponen a su cargo (art. 120 de la Constitución Nacional y 1º de la ley 24.946)”, agrega la denuncia.

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