El dichoso y cada vez menos recordado 7D fue un verdadero fiasco para el gobierno. No sólo porque tantas expectativas se vieron frustradas porque el resultado esperado terminó postergándose aun más allá del presente, sino también porque esa fecha que transformaron en emblemática generó el contundente cacerolazo del 8N, un verdadero mazazo para la autoestima K.

No fueron pocas las personas que entonces, desde el propio núcleo del kirchnerismo, se quejaron en privado por la costumbre de llevar las situaciones a extremos, con el riesgo de que pase lo que en ese caso pasó. No son pocos los que hoy se preguntan si habrá valido la pena semejante esfuerzo y desgaste para llevar adelante el paquete judicial que el Congreso terminará de debatir dentro de dos semanas, y que sirvió de excusa para una nueva y contundente movilización contra el gobierno, el 18A.

Sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de la nueva demostración de fuerza que pudo realizar el kirchnerismo en ambas cámaras, no es segura la efectividad de la misma, pues la Justicia bien podrá trabar los puntos más controvertidos y centrales para el oficialismo de esa reforma judicial.

Convencida de que los números nunca alcanzarían para revertir la mayoría K en el Parlamento, la oposición se conformó con hacer transpirar al oficialismo en la Cámara baja y como frutilla del postre al menos tuvo la situación polémica de la votación en particular, que le abrió las puertas para dejar el recinto en medio de un escándalo. En rigor, lo que sucedió con esa votación es algo muy común en las dos cámaras, donde el tablero electrónico suele ser corregido a viva voz por miembros cuyo voto ha sido tomado en sentido erróneo. Lo que abrió el espacio de las suspicacias fue que justamente el de Alicia Comelli -integrante del grupo de 12 diputados sindicados como los que podían revertir el resultado- haya sido uno de los dos votos de la discordia.

La oposición logró entonces que el kirchnerismo consiguiera su cometido apenas con lo justo, desnudando que en la Cámara baja que supo manejar a su antojo hoy está ajustadísimo, como ya pudo corroborarlo también en oportunidad de discutirse el acuerdo con Irán. Señal de que un resultado complicado en las próximas legislativas, sumado a un cambio de vientos que pudiera allí trasuntarse, podría hacer que el gobierno deba poner al Parlamento en el freezer, como hizo entre 2009 y 2011, cuando perdió la mayoría en Diputados.

Consumado el objetivo de mínima, la oposición se apresta a poner en marcha la fase 2 de su módico plan: aguardar a la sanción del resto de las leyes del paquete judicial, para después ir en masa a los tribunales para trabarlas. Y no sólo la oposición dará ese paso, sino que también los colegios de abogados, asociaciones judiciales y las ONG que ya militaron activamente contra la reforma, tienen elaborados los amparos que presentarán masivamente el día después de que el paquete de leyes haya visto la aprobación.

Las normas cosechan objeciones en todos los niveles. Sobre todo la reforma del Consejo de la Magistratura, donde no sólo se objetará el nuevo modo de seleccionar a sus miembros y el cambio en la mayoría necesaria para designar o suspender magistrados, sino que hasta la mayor parte de los partidos políticos objetarán la discriminación que establece que sólo podrán presentar precandidatos a consejeros las agrupaciones presentes en al menos 18 de los 24 distritos. Esa fue una de las modificaciones introducidas al texto aprobado en la Cámara alta la semana anterior. También serán objetadas las leyes que limitan a las cautelares y la creación de nuevas cámaras de casación, por alargar aún más la extensión de los juicios.

La estrategia se desarrollará de manera simultánea en todo el país y se espera que, a través de las cautelares correspondientes, se consiga frenar las normas que van a cuestionar, hasta un fallo definitivo que determine si son o no inconstitucionales. Pero lo que viene no será de sencilla resolución, pues planteará un conflicto de poderes. Cuando un juez de primera instancia haga lugar a una medida cautelar sobre estos temas, el Estado apelará y, precisamente por una de las nuevas leyes, la cautelar quedará suspendida…

Hará falta que se determine la inconstitucionalidad de esas leyes y para ello deberá actuar la Corte Suprema, que aún no resolvió -y ya no lo hará- un recurso presentado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires y Ricardo Monner Sanz pidiendo la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura dispuesta en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.

La indefinición sobre ese tema no paralizó al Consejo de la Magistratura que hoy se pretende modificar nueva y sustancialmente. Esta misma semana diputados del propio oficialismo que alentaban vivamente la aprobación de los cambios no sabían responder si a partir de la nueva ley, en el Consejo actual ya podría comenzar a aplicarse la nueva reglamentación en torno a las mayorías necesarias. Suponían que no, hasta que no hasta su nueva composición, pero no estaban seguros…

Con todo, al día siguiente de la aprobación un importante diputado del kirchnerismo admitió ante este medio que las reformas podrán ser frenadas en el seno de la Justicia. Se verá qué pasa entonces con la elección de consejeros, que estará incluida en la convocatoria que el 13 de mayo hará el Ejecutivo para las Primarias del 11 de agosto. ¿Habrá una resolución previa al 12 de junio, fecha tope para la constitución de alianzas, factor imprescindible para la elección de consejeros?

En este marco se cerró una nueva semana agitada para el oficialismo, que ya venía golpeado por la movilización del 18, el dólar “blue” marcando records diarios, el traspié del ministro de Economía con el tema de la inflación y las mencionadas dificultades generadas por la reforma judicial. Pero el PRO le dio un inesperado y bienvenido resuello al kirchnerismo del que no termina de lamentarse, pues le permitió cerrar la semana fuera del centro de la escena. Por el contrario, fue el macrismo el que quedó en el ojo de la tormenta por la inusitada represión del viernes en terrenos del Hospital Borda.

Semejante batalla reabrió internas en el seno de la administración macrista, donde al cerrar la semana los cruces de acusaciones eran difíciles de ocultar. Se hacía incómodo explicar para los legisladores del PRO que rechazaran una reforma judicial que entre los aspectos más controvertidos incluye límites para las cautelares, cuando el gobierno porteño había trasgredido la cautelar que frenó los trabajos en territorio del neuropsiquiátrico.

Ya la semana anterior se había especulado con un procedimiento de la Policía Metropolitana en San Telmo contra la presencia masiva de manteros, pero se había desechado por el temor a una refriega. Por eso resulta difícil entender que inmediatamente después se haya dado rienda suelta a lo que sucedió en lo que podría definirse como la batalla del Borda. “Lo que pasó fue una cosa de locos”, concluyó una fuente del PRO, obviamente con doble sentido, pero sin la menor sonrisa.