La diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que el gobernador de la provincia de Chaco y directivo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Jorge Capitanich, concurra a la Comisión de Libertad de Expresión de dicha Cámara, para que brinde explicaciones sobre sus recientes declaraciones y propuestas acerca de la ética periodística y el control popular.

Bullrich fundamentó su pedido diciendo que “nos preocupan las declaraciones de Jorge Capitanich acerca de “la ética periodística y el control popular” que debería ejercerse sobre los trabajadores de prensa. Estas palabras, en boca del directivo de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), resuenan amenazantes y conllevan una connotación de censura.”.

“La pluralidad de voces es uno de los mitos que el discurso oficial pretende instituir -dijo-. Para ello no escatima el uso de todas las herramientas que tiene a su alcance, a fin de generar un cerrojo en torno al discurso único que pretenden imponer”.

“La pauta publicitaria oficial, la compra de frecuencias y medios, el control de los contenidos y el escarnio público, son elementos de los que se vale la estructura gubernamental del Kirchnerismo, para dominar y disciplinar a quienes disienten con el relato que se intenta instaurar”, indicó Bullrich, para quien “generar causas judiciales, rescindir contratos, privar a los periodistas del legítimo derecho constitucional a expresar su opinión y a ejercer toda actividad lícita y, ahora, amenazarlos con un “código de ética sujeto a control popular” es un acto de censura y amedrentamiento inaceptable”.

Patricia Bullrich argumentó finalmente que “la Argentina ha ingresando en una peligrosa espiral de violencia semántica, censura directa, temor a represalias laborales o durísimas réplicas presidenciales por no uniformar su pensamiento al discurso oficial. Estos atropellos nos comprometen especialmente en la defensa de la libertad de expresión y del derecho de los trabajadores de prensa y de los comunicadores de opinión, a realizar sus tareas en un clima de respeto y tolerancia, sin actitudes autoritarias ni herramientas de coerción por parte de los miembros de la estructura oficial y gozando plenamente de los resguardos constitutivos de la vida republicana”.