Bullrich habla de “caza de brujas” contra la prensa independiente

La legisladora de Unión por Todos quiere a Capitanich en el Congreso por su propuesta de “control popular” para los periodistas.

La diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que el gobernador de la provincia de Chaco y directivo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Jorge Capitanich, concurra a la Comisión de Libertad de Expresión de dicha Cámara, para que brinde explicaciones sobre sus recientes declaraciones y propuestas acerca de la ética periodística y el control popular.

Bullrich fundamentó su pedido diciendo que “nos preocupan las declaraciones de Jorge Capitanich acerca de “la ética periodística y el control popular” que debería ejercerse sobre los trabajadores de prensa. Estas palabras, en boca del directivo de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), resuenan amenazantes y conllevan una connotación de censura.”.

“La pluralidad de voces es uno de los mitos que el discurso oficial pretende instituir -dijo-. Para ello no escatima el uso de todas las herramientas que tiene a su alcance, a fin de generar un cerrojo en torno al discurso único que pretenden imponer”.

“La pauta publicitaria oficial, la compra de frecuencias y medios, el control de los contenidos y el escarnio público, son elementos de los que se vale la estructura gubernamental del Kirchnerismo, para dominar y disciplinar a quienes disienten con el relato que se intenta instaurar”, indicó Bullrich, para quien “generar causas judiciales, rescindir contratos, privar a los periodistas del legítimo derecho constitucional a expresar su opinión y a ejercer toda actividad lícita y, ahora, amenazarlos con un “código de ética sujeto a control popular” es un acto de censura y amedrentamiento inaceptable”.

Patricia Bullrich argumentó finalmente que “la Argentina ha ingresando en una peligrosa espiral de violencia semántica, censura directa, temor a represalias laborales o durísimas réplicas presidenciales por no uniformar su pensamiento al discurso oficial. Estos atropellos nos comprometen especialmente en la defensa de la libertad de expresión y del derecho de los trabajadores de prensa y de los comunicadores de opinión, a realizar sus tareas en un clima de respeto y tolerancia, sin actitudes autoritarias ni herramientas de coerción por parte de los miembros de la estructura oficial y gozando plenamente de los resguardos constitutivos de la vida republicana”.

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