La reforma judicial impulsada por el kirchnerismo sufrió un inesperado y duro cuestionamiento por parte de Naciones Unidas. La brasileña Gabriela Knaul, la relatora especial del organismo, exhortó al Ejecutivo a que reconsidere las leyes de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares por ser “contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“La disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, afirmó Knaul en un comunicado difundido en Ginebra.

Entre sus definiciones, el artículo 14 de ese tratado sostiene que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”.

“El Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales”, dijo Knaul.

Según los críticos de la reforma, los cambios en la composición del Consejo otorgan una mayoría automática a los miembros electos por sufragio popular que quebraría el equilibrio exigido por la Constitución.

“Hago un llamado a Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial”, dijo Knaul.

Además, señaló que “las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares son contrarias a los artículos 2 (3) y 14 (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes”.