Organizado por Margarita Stolbizer y el Gen, se realizó en la sala Lugones de la Feria del Libro una charla debate de la que participaron, Alvaro Herrero de la Asociación derechos civiles, los periodistas María Odonnell y Lucio Fernandez Moores, María Lujan Rey -mamá de Lucas Meghini, víctima de la tragedia de Once- y Alberto Fhorig, especialista en seguridad.

Stolbizer arrancó la presentación del debate expresando que “el Gobierno ha entrado en una suerte de autoflagelación, porque no tiene voluntad de combatir la corrupción. La decisión es tapar los hechos más escandalosos. Domesticar la justicia. Pero todo esto no ha hecho más que debilitar al propio Gobierno”, y agregó que “tiene que haber un compromiso democrático y ciudadano para luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso inclaudicable, y se empieza a ver este sentimiento en la ciudadanía”.

La periodista María Odonnell señaló que la discusión alrededor de la reforma judicial, más la investigación del periodista Jorge Lanata, y el cambio de humor general, “muestran un momento donde el tema de la corrupción se escucha más”. Y advirtió sobre los cambios en la ley respecto a la obligatoriedad en la declaración de bienes de los funcionarios: “Me preocupó que con la reforma judicial pasó inadvertido que se eliminara la única herramienta que se había generado en la democracia, de lucha contra la corrupción, de transparencia que tiene que ver con las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios pùblicos”.

“El Ejecutivo, antes de esta modificación, sí estaba obligado a presentar y con información detallada -dijo-. Ahora cambiaron el formulario. La ley ahora solo dejó establecido que deberán presentar solo una información menor, algo así como cuanto ganó en todo el año. Pero sin datos precisos, ya que ahora como la ley permite, que queden reservados.Es un retroceso porque ya no hay una herramienta que permita ver la evolución del patrimonio de los funcionarios”.

María Lujan Rey de familiares de la tragedia de Once expresó que “somos vícitimas de la corrupción. 52 vidas perdimos, 850 quedaron laceradas y atrás de eso familias enteras, todas víctimas de la corrupción, de la desidia, de mirar para otro lado”.

“No es natural que uno salga a trabajar y no regrese”, agregó.

Con un público muy conmovido por su testimonio, María Luján señaló que “con la naturalización o la resignación no cambiamos nada. Hablar de la corrupción como algo abstracto, no permite dimensionar las consecuencias que trae. Por eso a la corrupción hay que darle nombre y apellido y las victimas también hay que darles nombre: Se llamaba Lucas Menghini Rey, se llamaba Carli, etc. Sin justicia es difícil pensar en construir una argentina mejor. Cuando se habla de corrupción se habla de vidas perdidas, de familias destrozadas y cuando se habla de esto se habla de corruptos con nombre y apellido”.

Por su parte, el periodista Lucio Fernandez Moores expresó que “uno confía en la imagen de la justicia, con los ojos vendados y la balanza. Pero hace poco cerró una causa contra María Julia Alsogaray, porque el juicio prescribió. Un hecho del año 95 o 96. Un juicio de hace 17 años. Otra causa, la del ex presidente que se lo acusa de haber pagado coimas a diputados del partido opositor. Eso también empezó hace 13 años. Juicios grandes por casos de corrupción llevan demasiado tiempo”.

Fernandez Moores también mostró preocupación por el cambio respecto a las declaraciones juradas de los funcionarios, pero puso foco en otra cuestión vinculada a la reforma judicial. “Se modificó el Consejo de la Magistratura. De manera que el partido que gane el poder, tendrá también el poder para tener la mayoría en el Consejo con lo cual, cualquier juez va a quedar a tiro del gobierno, si saca un fallo que no lo favorece”, dijo.

Alvaro Herrero, de la Sociedad por los Derechos Civiles, dijo que desde esa ONG trabajan en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones. “Y justamente el tema de la Corrupción es un aspecto de nuestro trabajo que cada vez lo pensamos menos como de calidad institucional y más como de derechos humanos”, puntualizó, advirtiendo que “democratizar la justicia es que haya un funcionamiento igualitario de la aplicación de la ley para todos los argentinos. Las cárceles están llenas de pobres”.

Alberto Fohrig, último expositor, dijo que es central “tomar conciencia del enorme problema que atravesamos en argentina que se manifiesta por ejemplo en el consumo total de estupefacientes que era marginal y hoy se ha triplicado”. Dijo que “hasta el 2005 se secuestraban alrededor de 2.000 kilos de cocaína por años, en cambio desde el 2005 hasta el 2010, en solo 5 años esa cifra se multiplicó por 6. Y desde año 2010, el gobierno no produce más cifras de cuanto droga se secuestra por tanto ya no tenemos más ese dato. No tenemos ningún resultado en términos de lavado de dinero. Hace falta tener condenas efectivas. Hay un condenado por lavado de dinero que es el dueño de un kiosco”.