Knaul había renovado las críticas hacia la reforma judicial, pero, en un escrito firmado por el canciller Héctor Timerman, el Ejecutivo acusó a la relatora de "violar" los "procedimientos y buenas prácticas que rigen dicha institución".
Un nuevo capítulo se abrió ahora por la reforma judicial: se trata de los duros cruces entre el Gobierno Nacional y las Naciones Unidas a través de su relatora, Gabriela Knaul, quien desató la disputa por advertir que las leyes atentan contra la independencia de la Justicia.
Knaul había reiterado las críticas a los proyectos, en especial a la reforma del Consejo de la Magistratura –que el Senado sancionará el próximo miércoles- y la limitación de las medidas cautelares contra el Estado, que ya es ley.
Sin embargo, a través de un escrito firmado por el canciller Héctor Timerman, el Gobierno denunció que la conducta de la relatora “sería violatoria de los procedimientos y buenas prácticas que rigen dicha institución”, por entender que Knaul formuló sus cuestionamientos anticipadamente.
Por eso, en la misiva -dirigida al presidente del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Remigiusz Achilles Henczel- el Gobierno advirtió que podría iniciar acciones “para preservar el buen nombre y el honor” de la Argentina.
La Cancillería señala que el Gobierno contaba con treinta días de plazo para responder al pedido de explicaciones de la especialista brasileña. Además, advierte que según el Código de Conducta de los relatores, este tipo de pronunciamientos se formulan sólo “por cuestiones de carácter excepcional”.
Asimismo, Timerman reseñó que según el mismo reglamento “los procedimientos especiales deben tratar siempre de establecer los hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna” y que, en cambio, Knaul “reconoce el anonimato de las denuncias recibidas” en contra de la reforma judicial.
