A días de lo que parece la segura aprobación de los últimos proyectos contenidos en el paquete enviado por el Poder Ejecutivo para “democratizar la justicia”, la senadora nacional Sonia Escudero (Salta/ bloque justicialista 8 de octubre) llamó a “escuchar a Naciones Unidas y a defender la Constitución”. En tal sentido, recordó que “distintas organizaciones internacionales están advirtiendo al país sobre los riesgos de avanzar con la reforma judicial. Los cambios previstos en el Consejo de la Magistratura y la limitación de las medidas cautelares implican un grave retroceso y consagran el avasallamiento de la independencia de los Poderes en la Argentina”.

Recientemente la comunidad internacional a través de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia judicial, Gabriela Knaul, exhortó al gobierno argentino a “reconsiderar” dichos proyectos porque son contrarios al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a “principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”.

No fue la única advertencia, también llegaron críticas desde asociaciones internacionales de jueces y de abogados, de la organización Human Rights Watch (HRW) y hasta el gobierno de Barack Obama informó que “sigue con mucha atención” las iniciativas.

“Mientras que en la Cámara alta, los tres senadores salteños tuvimos una posición unánime en defensa de la Constitución y de la independencia del Poder Judicial, no vimos el mismo consenso y compromiso republicano en los diputados nacionales por Salta: a excepción de Bernardo Biella y Alfredo Olmedo, la mayoría optó por ser funcional al kirchnerismo, y votar en línea con las declaraciones del gobernador de la provincia, es decir en favor de leyes que son contrarias a los tratados de derechos humanos ratificados por el país y que atentan contra las garantías de los ciudadanos a acceder a un juez imparcial y a la tutela judicial a través de medidas cautelares contra el Estado”, puntualizó Escudero.

“En poco tiempo más, seguramente el Congreso deberá revisar y corregir esta nueva legislación, que es incompatible con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales humanos ratificados por la Argentina, en línea con lo que sostiene Naciones Unidas”, concluyó la parlamentaria salteña.