El titular de la Cámara baja consideró que “la respuesta a la violencia institucional debe darse desde la política” y afirmó que “después de 30 años de democracia, no podemos hacer de la represión la respuesta a los reclamos de la sociedad”.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, afirmó que “las fuerzas de seguridad deben enmarcar su accionar en el respeto por los derechos humanos”, al realizarse en el Salón Azul del Congreso la apertura del Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional.
Del mismo participaron el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el vicepresidente, Amado Boudou; y el diputado nacional e impulsor de la iniciativa, Leonardo Grosso.
“La respuesta a la violencia institucional debe darse desde la política. O ponemos el oído en las demandas populares y convertimos las frustraciones en realizaciones; o criminalizamos el dolor y la respuesta es la represión, la impotencia cuando no hay razones. Y después de 30 años de democracia, no podemos hacer de la represión la respuesta a los reclamos de la sociedad”, aseguró Domínguez.
El titular de la Cámara baja señaló que “la protección de la vida humana debe ser la tarea que guíe las acciones del Estado”, y destacó que “existe la posibilidad de transformar democráticamente las estructuras de seguridad y justicia, entendiendo de una vez y para siempre que la violencia institucional es incompatible con la democracia”.
“En los últimos 12 años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de Fuerzas de seguridad y el 49 por ciento de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio”, señaló Domínguez, y remarcó que “es necesario promover desde el Estado las políticas sociales que permitan la superación de las condiciones de exclusión que sufren los sectores más humildes, que son los más vulnerables a la violencia institucional y sobre quienes esta impacta con más fuerza”.
En ese contexto, Julián Domínguez consideró “fundamental en este proceso el control civil y el accionar de instituciones públicas conformadas tanto por profesionales relacionados con la temática del derecho y la seguridad, como así también la participación de universidades y redes conformadas por ciudadanos movidos por el interés de terminar con prácticas que lesionan los derechos humanos de las personas”.
