Hay una verdad incontrastable que sostiene que la mejora de la seguridad vial es algo tan necesario desde el punto de vista humano como complejo de conseguir. La dificultad se origina, en gran medida, en el elevado número de factores y de actores que influyen en el número diario de accidentes. Esto es: la marcha general de la economía, el desarrollo urbano, la formación de los conductores, la climatología, la publicidad y seguridad del automóvil, el diseño y conservación de las vías, los valores sociales; por si todo ello no fuera suficiente, una ley empírica indica que a medida que se consigue una cierta mejora de la seguridad vial, cada vez resulta más laborioso y costoso seguir reduciendo la siniestralidad.

Ello implica que nada puede asegurar que se mantenga la importante disminución de muertos en accidentes de tránsito que se han registrado en la Ciudad de Buenos Aires. En ello, sin duda, mucho tuvo que ver con la aplicación de medidas como el scoring y el incremento de controles en el cumplimiento de normas básicas.

Una alternativa válida es seguir perseverando en la introducción de aquellas medidas cuya efectividad se conozca y, cuando sea necesario, continuar desarrollando nuevas medidas. Y todo ello, no es ni mucho menos tarea de uno solo, sino que supone “una responsabilidad compartida”. Por eso resulta absolutamente imprescindible aunar las contribuciones de todos los agentes privados y públicos y especialmente contar con el trabajo cada vez más irremplazable de las instituciones y administraciones.

Para sincronizar esfuerzos y aprovechar sinergias, para tener en cuenta la multitud de factores antes citados, y para doblegar la resistencia creciente de los accidentes es imprescindible disponer de una estrategia, de un plan común. En los últimos años se ha avanzado mucho al respecto y, hace pocas semanas, la Legislatura ha sancionado una ley que crea el Observatorio de Seguridad Vial en el ámbito del Gobierno porteño, una iniciativa cuya autoría corresponde al legislador del bloque de la Coalición Cívica-ARI, Fernando Sánchez.

La lucha contra los accidentes es algo que no se puede posponer. Cada día, cada semana, cada mes, cuenta. Al mismo tiempo, la seguridad vial es una carrera de fondo. Aunque el anhelo de todos sería parar la tragedia de un día para otro, la realidad es que sabemos que hace falta actuar tanto a corto plazo como prepararse para el medio y largo plazo. Probablemente no exista el plan perfecto de seguridad vial, pero este proyecto de Fernando Sánchez ayudará sin duda a mejorar aquellos que se desarrollen en los próximos años.

Observatorio de Seguridad Vial

En los fundamentos de su proyecto Sánchez señalaba que la Ciudad “carece de una política pública planificada en esta materia (el transporte de la Ciudad)” ya que “la conformación del área de tránsito y transporte -en la administración porteña- muestra una multiplicidad de organismos descoordinados entre sí, lo que redunda en la ausencia de políticas eficaces tanto en lo que se refiere al ordenamiento del tránsito público, como en lo que hace a la planificación de una política de seguridad vial”.

En esa línea, la iniciativa del legislador de la Coalición Cívica-ARI establece la creación de un Observatorio de Seguridad Vial en el ámbito del Gobierno de la Ciudad que tendrá como misión “generar información oportuna, objetiva y confiable que contribuya al diseño, aplicación, coordinación y ejecución de políticas públicas en materia de seguridad vial en la Ciudad”.

Funciones

Para el logro de su misión el nuevo organismo tendrá como funciones: investigar, analizar y evaluar todos los datos estadísticos relacionados con la seguridad vial; evaluar causas y efectos de los siniestros viales y elaborar propuestas para el desarrollo de medidas preventivas y de reducción de la siniestralidad en materia vial; medir y evaluar los efectos de las políticas públicas adoptadas en materia de seguridad vial; realizar evaluaciones de impacto ambiental en relación a la seguridad vial; realizar el seguimiento de las causas penales que estuvieren originadas en un hecho de tránsito; supervisar las campañas de educación y concientización vial y establecer vínculos con organismos similares locales, nacionales o internacionales para desarrollar trabajo y estrategias conjuntas.

El Observatorio de Seguridad Vial -se indica- será dirigido por un profesional con especial idoneidad para la función a desempeñar, durará en el cargo cinco años y solo podrá ser removido por razones de incumplimiento o incapacidad sobreviniente. Además estará integrado por áreas dedicadas a accidentes de tránsito, Investigación y estadística vial; control del cumplimiento de las normas viales; licencias de conducir: otorgamiento y sistema de puntos; infraestructura y señalamiento vial y de la planificación en materia de seguridad vial.

La ley también prevé que el Observatorio cuente con un Consejo Consultivo que tendrá como función colaborar y asesorar en todo lo concerniente a la temática de la seguridad vial y estará integrado, con carácter ad honorem, por representantes de organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria e idoneidad del mundo de la empresa, la academia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito comprometido con la seguridad vial, que serán invitadas a integrarlo por el directorio del organismo creado.

Cifras alarmantes

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó en marzo un reporte sobre los accidentes de tránsito registrados en la Capital Federal; del mismo se desprende que durante el 2012 se registraron 10.510 heridos en siniestros automovilísticos; sin embargo el número que parece sideral, prácticamente permanece inalterable desde hace cinco años. Las muertes, felizmente, han disminuido y se reportaron 77 decesos por accidentes viales.

“En realidad la cifra de víctimas fatales tampoco es cierta”, advirtió la titular de la Defensoría del Pueblo, Alicia Pierini, quien explicó que solo contabilizan los muertos “in situ”. La cifra, provista por la Policía Federal, es el resultado de 9.834 accidentes -cifra que también permanece estable-. En 2005 hubo 9870 siniestros y en 2008 se produjo un pico con casi 11 mil. Las muertes bajaron de cerca de 120 anuales a las 77 de 2012.

Entre las víctimas, parece lógico que los mayores problemas sean para motociclistas y ciclistas. Los ciclomotores acaparan el primer lugar del podio, con casi 4.000 accidentes y similar cantidad de heridos, y casi 30 muertes. Pierini denuncia que no es casual esa cifra, sino que responde a malas condiciones laborales: “es gente que está apremiada por el horario”.

Por otro lado, también como muestra de su indefensión, los peatones llevan la peor parte en cuanto a proporción. Participan en solo un 25% de los accidentes -unos 2500-, pero registran 30 muertes. Los ciclistas -muchos menos, claro- tienen un lugar pequeño pero una proporción de muertes mayor: 670 heridos y 6 muertes. Los automovilistas, en cambio, son los que mejor la llevan: desde 2005 murió un 55,6% menos.

“La responsabilidad principal siempre es para los automovilistas, que deben respetar la prioridad de los que circulan sin ninguna «carrocería» que los proteja”, dijo Pierini. Además, la defensora consideró necesario trabajar en “prevención y educación”, para mejorar el tránsito en la Ciudad. La violencia vial es un problema de todos, pero no todos tienen las mismas responsabilidades. En los tres poderes del Estado podemos identificar distintas responsabilidades: los legisladores debemos esforzarnos por sancionar el mejor cuerpo normativo, los funcionarios del Poder Ejecutivo deben planificar y ejecutar un plan de seguridad vial integral y el Poder Judicial debe sancionar con eficiencia y eficacia la violación de la ley. Sin dudas, la forma más eficaz de lograr un tránsito seguro es que todos los actores que intervienen en esta temática compartan una “cultura de la seguridad vial” y un proyecto aglutinador que trabaje en forma coordinada hacia objetivos específicos y estratégicos.